La movilidad jubilatoria pondera, entre otros elementos, la variación de los ingresos al fisco. El Gobierno decidió ponderar la variación anual de esos ingresos cuando en la ley se establece que se hará semestralmente. Ese cambio metodológico implica que el próximo aumento será del 12,65% en vez de 12,96%.

Ante las crí­ticas de la oposición, el titular del organismo de la seguridad social, Emilio Basavilbaso, sostuvo que en la vieja fórmula habí­a una “pequeña sobreestimaciónˮ. Por su parte el Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se quejó de que la reducción era insignificante y por tanto no merecí­a los reproches. Nos  preguntamos:  Si era insignificante ¿Para qué la hicieron?

Los adultos mayores de reparación no tuvieron nada, perdieron poder adquisitivo, escuchan cómo ganan terreno las ideas para subir la edad jubilatoria y privatizar el sistema previsional, cada vez pierden más derechos con el PAMI y encima quieren modificar la ley de genéricos que provocará un encarecimiento de los medicamentos que antes le otorgaba la obra social de los jubilados y ahora deben pagárselos. En ese contexto les tocan la fórmula de movilidad jubilatoria: a la baja. Porque cuando se trata de los trabajadores y los jubilados, las equivocaciones o leves cambios siempre son en perjuicio de ellos.

No obstante, no fue un error lo del Gobierno. Están preparando las condiciones para traspasar el sistema jubilatorio a manos privadas. Modificaron la ley para poder descapitalizar el Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad. Ayer justificaron la decisión en hacer sustentable el sistema. En otras palabras, están diciendo que el sistema previsional no es viable. Seguramente terminen dando marcha atrás con la modificación como trascendió, pero el objetivo de instalar la cuestión está cumplido. Quizá luego insistan en el Congreso donde algunos bloques de pseudo oposición los han acompañado en las iniciativas que perjudicaron a los jubilados pese a que en los canales de televisión dicen otra cosa.

Comentario aparte merecen las formas. Uno todaví­a no sabe por qué Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico, cobra un sueldo, porque la legalidad de los actos de gobierno deja mucho que desear. Hasta un estudiante de la carrera de abogací­a sabe que un reglamento de la Anses no puede modificar una ley del Congreso, como es la ley de movilidad jubilatoria.