El Presidente de la Nación decí­a en la campaña electoral que en un gobierno suyo la calidad institucional y el diálogo iban a ser dos componentes esenciales. Cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en el 2016 le espetó a los diputados y senadores que “respeten la democraciaˮ. Ya en funciones, aquellas promesas lejos quedaron de materializarse y el que deberí­a empezar a respetar la democracia es el propio Jefe de Estado.

En relación al decreto que modifica los feriados, se debió consultar previamente a sectores vinculados al turismo y otros actores de la economí­a. Los feriados puente han tenido buenos resultados para motorizar el turismo durante el año e incrementar la recaudación. Nadie cuestiona la intención de reducir los dí­as no laborables en pos de una ampliación del ciclo lectivo, pero es algo que ameritaba un consenso y la posibilidad de escuchar distintas opiniones. Para eso el Parlamento tiene legisladores, asesores y comisiones. Una pena que se lo ignore.

Punto y aparte se encuentra el feriado por el Dí­a Nacional de la Memoria. La decisión de Macri de convertir esa fecha en un feriado móvil es una muestra de desprecio y avasallamiento hacia los organismos de derechos humanos. El 24 de marzo se convirtió en feriado para invitar a la reflexión colectiva sobre lo ocurrido durante la dictadura cí­vico militar y permitirle al pueblo movilizarse masivamente en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Hacer ese feriado movible desnuda la intención de este Gobierno de desmovilizar a la sociedad e incentivar al olvido. Quizá tenga miedo que por tener presente lo ocurrido en esa época muchos ciudadanos recuerden que la familia Macri fue una de las beneficiadas por los genocidas que estatizaron sus deudas.

Por último, el decreto que modifica la ley de ART resulta llamativo y un insulto hacia la actividad parlamentaria. La modificación de la norma se vení­a discutiendo en el seno del Congreso al punto que tuvo media sanción del Senado. Si el Jefe de Estado convocaba a sesiones extraordinarias o bien cuando se reanudaran en marzo las ordinarias, la Cámara de Diputados iba a tratar este tema, que amerita la participación de representantes sindicales en la discusión. En un gesto de profundo desprecio hacia uno de los poderes del Estado, Macri decidió abortar la labor legislativa e imponer su pensamiento por decreto.

Estas actitudes del Presidente y su gobierno lejos están de la calidad institucional y el diálogo republicano. Pero no son nuevas, ya se ha visto que diálogo para Cambiemos significa veto a la ley antidespidos, represión a inundados que reclamaban por agua potable, eliminación de leyes antimonopólicas y amnistí­a a familiares por decreto, y prisión ilegal para referentes territoriales.