Durante la campaña electoral, Mauricio Macri y sus voceros económicos señalaban que las dificultades económicas se iban a resolver con confianza. Argumentaban que el gobierno anterior provocaba inseguridad jurídica por sus formas y decisiones, mientras que ellos, garantes de los buenos modales y el republicanismo, iban a lograr el efecto contrario. A la luz de los resultados, o las cuestiones macroeconómicos no dependen de una actitud zen frente a la vida como el aparato marketinero del Pro quiso instalar, o la actual administración no garantiza confianza ni atracción. O quizá un poquito de ambas.
Luego de sostener con cierta efectividad la mentira de que Argentina hacía cuatro años que no crecía ni generaba empleo (pese a haber sido desmentidos por informes del INDEC bajo la conducción de Todesca), aseguraron que el país recibiría inversiones por U$s130.000 millones durante los próximos cuatro años. Esto implicaría alrededor de U$sS32.500 millones por año. Sin embargo, este 2016 apenas han alcanzado los U$s18.000 millones, aclarando que más del 44% de esas inversiones fueron acordadas durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Estos datos sin entrar en el aspecto cualitativo, donde las inversiones conseguidas por el actual Ejecutivo están orientadas a los sectores financiero, minero, energético, y de alimentos y bebidas, que en general otorgan pocos beneficios al país en términos de nuevos puestos de trabajo.
Vaticinaban una lluvia de inversiones, pero la realidad mostró una fuerte sequía. La fundación Germán Abdala calculó que en el mes de julio la inversión se contrajo un 17,3% en comparación al 2015.
La otra gran apuesta del macrismo fue el blanqueo de capitales, donde estimaban la repatriación de U$s20.000 millones, de los cuales iban a tomar U$s2.000 millones en concepto de impuestos. Hasta el momento sólo ingresaron U$s60 millones. Si con la máxima aspiración no se iba a llegar a financiar un sólo año de la falsa “reparación históricaˮ a los jubilados, con lo recaudado hasta ahora están lejísimos de afrontar ese costo fiscal. Todo indica que comenzarán a desprenderse de las acciones del fondo de garantía de sustentabilidad de la Ansés en lo que será el remate del sistema público y solidario previsional, cuya solvencia quedará completamente menguada.
Aunque se excusen en que los bancos (grandes aliados al proyecto neoliberal) obstaculizan el blanqueo, aunque armen un Mini Davos para generar la ilusión de inversiones que no llegan, los números hablan por sí solos. Un programa económico que tiende a eliminar la capacidad de consumo de amplias capas de la sociedad, que desmantela el mercado interno y descuida la producción local no seduce a nadie. Nadie va a traer dinero a un lugar donde caen todos los indicadores económicos. No es una cuestión de confianza. Mientras tanto, el Gobierno maquilla la situación apelando a un endeudamiento feroz como pocas veces se ha visto, emitiendo bonos a tasas siderales que comprometerán seriamente las cuentas fiscales de los próximos ejercicios.
