Según las primeras investigaciones, Brian Gonzalez habría intentado robar en un comercio de la ciudad de Zárate; Daniel Oyarzún lo persiguió y lo atropelló con su auto ocasionándole la muerte, mientras vecinos del lugar lo agredían mientras agonizaba. La triste imagen recorrió las pantallas y el país entero se vio obligado a presenciar esta escena de horror, luego interpretada indebidamente por Macri, quien dió señales diversas, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto.
Más allá de que quienes deben resolver el caso son el juez de la causa y el fiscal, el presidente ha instalado conceptos en la sociedad que guardan relación con el prejuicio y la estigmatización de vastos sectores de la población. Siguiendo la línea argumental, bien podría haber pedido la libertad de Milagro Sala, sobre quien pesan acusaciones aún no confirmadas. O podría hacerlo con respecto a decenas de miles de hombres y mujeres procesados con prisión preventiva, que aún no han tenido juicio y que en su gran mayoría provienen de los sectores más vulnerables de la población. Pero no lo hizo y seguramente no lo hará.
Fuera de discusión, que la prisión como castigo no restaura ni repara y que el encarcelamiento cautelar sólo es tolerable -de acuerdo a los estándares constitucionales y convencionales- en supuestos de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, es evidente que Macri ha tomado el caso como parte de su experimento social que va en la dirección de instalar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría, alterando las normas legales vigentes y por sobre todo, intentando naturalizar que no todos somos iguales ante la ley.
Así entonces quien mató a otro, es reivindicado como un privilegiado presidencial, al que se le asigna la etiqueta de buen tipo “harto de la inseguridadˮ, acompañado de aquellas mayorías imaginarias que, como “buenos vecinosˮ, pretendían linchar al ladrón moribundo que pedía auxilio mientras recibía golpes, insultos y demás agresiones, lo cual, proyectado por los grandes medios de comunicación, alienta a adherir a un comportamiento salvaje, promoviendo la justicia por mano propia, con el único fin de exterminar al otro, previamente construido como tal y presentado como enemigo, sobre todo lo cual, se han escrito ríos de tinta en el ámbito académico y científico.
La lógica planteada presenta la perversión de alterar la ética y las normas jurídicas desde dos perspectivas: primero, al privilegiar la propiedad privada por sobre el valor de la vida humana, y segundo, al establecer una categoría de ciudadanos de primera y de segunda categoría, lo cual justifica un sistema económico y político que acepta como eje estructural, la exclusión social.
Contrariamente a lo que piensa Macri, y en cuanto serenemos nuestras pasiones o sinceremos nuestras intenciones, surgirá claro que quien roba seguramente deberá ser juzgado en cuanto a la magnitud de su delito, pero quien mata, comete un agravio inconmensurable en esa escala de valores. Eso es lo que precisamente ha sido alterado desde la más alta investidura nacional, y no de manera inocente.
