Hace poco más de dos años y tres meses, Belén fue condenada a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosíaˮ, tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, San Miguel de Tucumán.
En la madrugada del 21 de marzo del 2014, Belén se presentó a las 3.50 en el hospital. Una doctora de la guardia le aplicó un calmante sin previa revisación. Tres horas después, Belén es llevada a la sala de parto porque estaba atravesando un aborto espontáneo. La joven despierta rodeada de policías, uno de los cuales la revisa. Luego llega un enfermero con una caja en cuyo interior tenía un feto. “Este es tu hijoˮ, le dice a Belén. Ella le respondió que estaba equivocado. Cerca de las ocho de la mañana la pasan a una sala común con mamás y bebés recién nacidos.
A esa altura, Belén ya había sido denunciada y se le había dado intervención a la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila. Días después fue trasladada al penal, donde permaneció detenida alrededor de 900 días. “De mi casa al hospital. Y del hospital a la cárcelˮ, cuenta Belén.
Sobre tiempo de embarazo, la investigación penal tiene serias contradicciones que lo llevan de menos de 15 hasta 32 semanas Nadie justifica bajo qué criterios están basadas las apelaciones. Belén llegó al juicio estando presa. Estuvo dos años con una defensa que jugaba en su contra, acusándola de tener pruebas certeras que la condenaban de por vida.
Durante la tarde de hoy la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó la libertad de Belén. El máximo tribunal de la Provincia dispuso que las actuaciones vuelvan a la Sala III de la Cámara Penal, que emitió el fallo condenatorio, para que instrumente la liberación efectiva de Belén. Luego, la Corte deberá resolver la cuestión de fondo.
El caso de Belén no nos es ajeno, está inserto en la médula de una sociedad de estirpe machista y profundamente patriarcal. Los constantes abusos de las instituciones por las que fue atravesando dan muestras claras de ello.
Hoy CSJ de Tucumán ordenó su liberación, pero nos queda una profunda la discusión por delante. Si las mujeres tuviéramos derecho a decir sobre nuestros cuerpos, no solo legalmente, sino social y culturalmente, Belén nunca hubiera estado tras las rejas.
El aborto es ilegal, lo cual no implica que no exista, sino que el Estado no regula y por ende no ampara a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social. El aborto es una realidad que atraviesa a todas las clases sociales. No menos cierto es que las mujeres que se encuentran en mejores condiciones económicas abortan en clínicas privadas, mientras que las que no tienen ese privilegio, lo hacen en condiciones insalubres, lo cual deja secuelas físicas en el mejor de los casos.
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una deuda que tenemos como sociedad. Los casos de miles de mujeres, mayormente de los sectore populares, que pierden la vida producto de abortos mal practicados deben ser el disparador de una discusión que no empieza allí.
El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo debe contemplar un conjunto de políticas que van desde educación sexual, métodos anticonceptivos gratuitos y la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos del país. Nos debemos una discusión profunda, porque no queremos más casos como el de Belén, porque queremos que todas las mujeres de nuestra patria tengan la libertad de decidir, y como dice Belén, no queremos “que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospitalˮ.
