Años de trabajo y esfuerzo, de más de una gestión de gobierno, para resguardar nuestro sistema político, y a las propias Fuerzas Armadas, desestimadas por un nuevo decreto presidencial, el 721/16.
Este decreto deroga un decreto anterior, el 436/84 firmado por Raúl Alfonsín, con el que se había depositado en el ministro de Defensa diversas prerrogativas que hasta aquel momento manejaban las propias Fuerzas Armadas (FFAA), como los nombramientos de oficiales y suboficiales, o cambios de destinos de la oficialidad, por ejemplo.
Con la nueva decisión presidencial, muchas de esas facultades se vuelven a delegar en las propias conducciones de las fuerzas. Se trata de un retroceso normativo que lleva a nuestro país a un estado de situación predemocrático.
Desde el regreso definitivo al sistema democrático, en 1983, las distintas gestiones de gobierno dictaron normas que apuntaban a ejercer un control político sobre la formación, la estrategia militar, el presupuesto, los ascensos y los destinos del personal militar. En particular, fue con la gestión de Néstor y Cristina Kirchner que se dictaron numerosas resoluciones en el Ministerio de Defensa para disponer un riguroso control político de las actividades militares.
A pesar de que algunas decisiones internas de las fuerzas no requieren un control centralizado, lo grave de la decisión política del gobierno de Cambiemos, es desprenderse de sus facultades y hasta sacárselas al Ministerio de Defensa. La delegación hacia las propias FFAA es asumir que los militares pueden autogobernarse y que no requieren controles de sus superiores civiles. Ese es el mensaje del Decreto 721/16: el poder político renuncia al control y sigue cediendo terreno.
Van algunos ejemplos de los efectos negativos de la decisión de Mauricio Macri y sus socios. Durante la gestión de Néstor Kirchner se detectó que los militares tenían mecanismos para reincorporar a personal retirado, para ejercer la docencia, y muchos de ellos con antecedentes penales gravísimos. Contratarlos era un atajo privilegiado. Así tenían por ejemplo como profesores a Cirino, ex agente de inteligencia del célebre Batallón 601, o a Basilio Pertiné, suegro del ex presidente Fernando De la Rúa, acusado de delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata. Fue la ex ministra Nilda Garré la que tomó el control sobre esta práctica. Con el nuevo decreto, la decisión de designar personal retirado de las FFAA para tareas docentes, pasa a manos de los jefes militares sin control político.
Otro ejemplo: el nuevo decreto devuelve a las FFAA la decisión sobre los destinos, quién es jefe y dónde. ¿Qué ocurre si hay un jefe que lleva años en el mismo destino y gestiona el cuartel como si fuera suyo? Ahora no habrá control civil para detectar esas irregularidades. Si hay denuncias de jefes corruptos, ¿quién lo va a investigar? La misma fuerza. Y las denuncias por temas de género, ¿por ejemplo? O el caso contrario: un militar discriminado injustamente y relegado a destinos hostiles sin argumentos. ¿Quién puede revisar eso? La misma fuerza.
En un país como el nuestro, en el que durante por lo menos la mitad del siglo pasado fuimos gobernados por militares que asaltaron el poder e instauraron dictaduras y genocidios, es razonable que en la búsqueda de consolidación del sistema democrático las decisiones se tomen a través de la figura del presidente. Construir gobierno político de las FFAA costó muchos años y mucho esfuerzo. Como en otras áreas de gobierno, lo que la democracia construyó a paso lento y con dificultades, el macrismo lo destruye de un plumazo.
No se trata de caracterizar a los militares como enemigos o de creer que van a cometer permanentes irregularidades. Tampoco se trata de desconocer que pasados treinta años de democracia, las actuales camadas de militares ya poco tienen que ver con los que cometieron atrocidades el siglo pasado. Pero eso no implica regalarles el autogobierno, situación que han usado históricamente para perjudicar a la democracia.
