Nadie desconoce que el veto es un derecho constitucional, pero hay que ejercerlo con responsabilidad. No puede alguien posicionarse como garantí­a de diálogo, pero sólo cuando el otro dice lo que uno quiere escuchar. La emergencia ocupacional fue votada por las dos cámaras legislativas a partir de un contexto preocupante y tuvo respaldo de la mayorí­a de las fuerzas polí­ticas y de todas las centrales sindicales. Se ve que la vocación dialoguista del Gobierno se esfuma cuando se le pone un freno a su insensibilidad y al libertinaje empresarial. Y poco apego a las instituciones demostró al anticipar un veto antes de que el Parlamento pueda expedirse y permitirle oí­r a él y a la ciudadaní­a lo que tení­a para manifestar.

El Jefe de Estado defendió su decisión al afirmar que es una “ley antiempleo, en contra de los argentinosˮ. Quizá nunca leyó el proyecto ni sus fundamentos, pero debe saber el Ingeniero que esta iniciativa no tiene por objeto construir fuentes de trabajo sino mantener las que ya existen. Para lo otro se necesitan otras polí­ticas y otros instrumentos, y esta ley no la afecta porque es sólo para los contratados con anterioridad a su sanción. Asimismo, el Primer Mandatario miente cuando dice que estas propuestas ya fracasaron en el paí­s. La emergencia ocupacional del 2002 se impuso cuando el desempleo rondaba el 23,7%. En 2003 bajó a 21,4, en 2004 a 17,6, en 2005 a 14,1, en 2006 a 12,2 y en 2007 a 8,8% cuando concluyó su vigencia. A contramano de lo que dice el oficialismo, estas disposiciones no atentan contra el nivel de empleo. Claro que su éxito depende de polí­ticas macroeconómicas que tengan como meta el crecimiento y el trabajo, objetivos que no se ven en las prioridades del macrismo.

Macri también pretendió victimizarse al aseverar que esto era un intento del Frente para la Victoria de poner palos en la rueda a su gestión. Es curioso que desde el PRO hablen de esto cuando lo único que hicieron durante la gestión de la ex Presidenta fue obstaculizar al judicializar decisiones polí­ticas para dilatar su ejecución, inventar denuncias falsas, negarse a discutir en el seno del Congreso y en algún momento hasta quisieron usurpar las comisiones de la Cámara de Diputados en épocas del tristemente célebre Grupa A. Además, esta no es una ley del kirchnerismo. Es la sí­ntesis de distintas propuestas legislativas que habí­a y es la expresión del consenso entre distintos partidos polí­ticos. Pero, por sobre todas las cosas, es una respuesta al pedido masivo que hicieron los trabajadores en la multitudinaria marcha del 29 de abril. La ley antidespidos refleja el verdadero sentido de los legisladores: ser los representantes del pueblo.

Por último, en un insólito argumento, el Jefe de Estado aclaró que no sirven estas imposiciones ˮ“en alusión a una ley nacional- sino que hay que buscar acuerdos, y destacó el que firmaron hace pocos dí­as alrededor de 200 empresas en Casa de Gobierno. Macri omitió señalar que en Argentina hay más de 600.000 empresas, y no sólo 200 como primera observación. Tampoco se avivó que “no reducir el plantelˮ no significa no despedir personas. Y tan poco efectivo fue ese compromiso que poco después de suscribirlo, el Banco Hipotecario continuó despidiendo personal y Techint anticipó que echarí­a a 15 trabajadores de SIAT al finalizar la conciliación obligatoria. En defensa del Presidente, la autorización que dio para que el Renatea pueda expulsar entre 600 y 800 trabajadores no va en contra de este compromiso porque, a diferencia de la ley, el Estado no lo rubricó.

Como detalle, Macri anunció su rechazo a la protección del empleo en la fábrica de Cresta Roja. Cabe recordar que luego de reprimirlos salvajemente, el Gobierno Nacional festejó que la empresa volvió a funcionar con sólo 1.500 de los 3.500 que habí­an sido despedidos, y en condiciones más precarias. Se ve que por acá viene el modelo de Cambiemos: desempleo alto para tener mano de obra barata e informal. La emergencia ocupacional atenta contra ese programa.