Los beneficiarios de esta iniciativa son aquellas que cobren el haber mínimo de las jubilaciones o pensiones por fallecimiento, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, y pensiones no contributivas. Lamentablemente, quedaron afuera de la norma trabajadoras de casas particulares y beneficiarios del PRoGreSar. En tanto persista el apagón informativo del INDEC, el máximo reintegro que los contemplados en la norma podrán obtener será de $300 mensuales.
En primer lugar cabe señalar que lejos de ser una iniciativa revolucionaria, esta devolución ni por asomo cubre la pérdida de poder adquisitivo consecuencia de la devaluación, eliminación de retenciones y los tarifazos. También enfrenta otro problema y es que varios de los productos de la canasta básica ya están exentos del pago del IVA (como el agua o la leche) y otros tienen una alícuota reducida del 10,5% (como la harina, los cereales, las frutas, la verdura y la carne vacuna). Si la intención es mejorar la situación económica del decil más vulnerable de la sociedad, hubiera sido más efectivo aumentarle el monto de sus beneficios sin perjuicio de los dos aumentos por año establecidos por ley a instancia de Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo, la devolución del IVA implica un sistema de bancarización en el que numerosos comercios no están inmersos. Se calcula que el decil más pobre consume el 83% de sus bebidas y alimentos en estos establecimientos informales. Si el proyecto original del oficialismo prosperaba con éxito, hubiera provocado una migración a las grandes cadenas de supermercados, incrementando la concentración de mercado y llevando a una delicada situación a muchos almacenes de barrio, que podrían haberse visto forzados a reducir personal.
Este proyecto de ley, aunque completamente insuficiente, es mejor que nada. Por eso, con vocación propositiva, el Frente para la Victoria acompañó la norma en general y sugirió una serie de cambios aceptados por el oficialismo para evitar los daños colaterales mencionados más arriba. De esta manera, el bloque a través de su diputado Axel Kicillof, logró que el Estado financie la colocación de posnets en los comercios que pretendan actualizarse y que no se les cobre comisiones bancarias en aquellas transacciones que tendrán como resultado la devolución de parte del IVA para los beneficiarios de esta ley. Por otro lado, para proteger a los comerciantes, se modificó el texto original y se dio un plazo de 120 días donde las autoridades de control no podrán clausurar locales que aún no se hayan adaptado a los medios de pago que impone esta legislación, y que no estén exceptuados de hacerlo. Por último, el proyecto con dictamen de mayoría sostenía que se perdía el derecho a la devolución del IVA si, aun reuniendo los requisitos, la persona tributaba bienes personales. Kicillof logró que esa excepción no rija si la persona en cuestión paga bienes personales por un único inmueble que lo utiliza como hogar de familia.
A pesar de que la ley que ahora pasará al Senado es altamente insuficiente y no revierte la transferencia de riqueza hacia los sectores concentrados que está ejecutando Mauricio Macri, el Frente para la Victoria demuestra una vez más que defiende sus convicciones y que, lejos de obstruir, pretende mejorar las herramientas a disposición por más débiles que sean.
