Hay muchas maneras de recordar a un compañero como Hugo Cañón. Una de ellas es poner sus actos en contexto, para que quienes vivieron esos años vuelvan a recordarlo con orgullo, pero principalmente para que los más jóvenes se encuentren con el militante que nos acaba de dejar.
A principios de 1987, los poderes fácticos de la Argentina habían decidido que la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura cívico militar, y el enjuiciamiento a sus responsables, había llegado demasiado lejos.
Eso quedó evidenciado con la postura que estos sectores tomaron durante la asonada militar de Semana Santa de ese año, repudiando levemente y hasta por momentos justificando el primer levantamiento carapintada. Basta con leer los editoriales de los diarios Clarín y La Nación de esos días, para entender el clima de época y lo que opinaban las corporaciones respecto de cómo resolver “la cuestión militar”.
Por eso, cuando dos meses después, en junio, el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida impulsada por el Poder Ejecutivo, fueron muy pocas las voces que desde las instituciones acompañaron a los organismos de Derechos Humanos en el repudio a una medida que establecía la no punibilidad de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel.
Una de esas pocas voces fue la del entonces fiscal federal Hugo Cañón, el único que decidió impugnar la Ley que garantizaba la impunidad de los represores.
El resto es historia más o menos conocida: la ley finalmente fue avalada por todos los poderes del Estado, y el reclamo de anulación de la misma (junto a la ley de punto final de ese mismo año, y los indultos que llegarían después) fue uno de los principales estandartes levantados por las Madres, las Abuelas, los H.I.J.O.S y el resto de los organismos de Derechos Humanos, en su lucha contra por la Justicia y la Verdad hasta el año 2003.
Con la anulación de las leyes y decretos de impunidad, el ex fiscal fue un activo impulsor de los juicios que han encarcelado a cientos de enjuiciados y condenados por delitos de lesa humanidad.
También en los últimos años, desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que ayudó a fundar a fines de los noventa, Cañón trabajó para investigar y esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía y el servicio penitenciario bonaerense.
Quienes quieran despedirse de este luchador por los Derechos Humanos podrán hacerlo hoy en la sede de la CPM, ubicada en calle 54 nº 487 (entre 4 y 5) de la ciudad de La Plata, donde a las 14 horas se hará un acto de homenaje.
