El presidente consiguió que el juez Casanello lo sobreseyera por las escuchas telefónicas ilegales. Ahora, prepara una ofensiva para colocar a su antecesora CFK en la incómoda posición de la que él ha salido. Así­ como designó dos jueces de la Corte Suprema en comisión y modificó por decreto la ley audiovisual, también recortó por su sola firma las funciones de la Procuradora General Gils Carbó, cuya renuncia solicita por los diarios. Lorenzetti gestiona el alejamiento de varios jueces.

Por Horacio Verbitsky (*)

Es el tiempo de la venganza. El juez Sebastián Casanello ya habí­a sobreseí­do a Maurizio Macrí¬ en una etapa previa, decisión que fue revocada por los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. La semana pasada, Ballestero y Freiler recibieron un ultimatum de Macrí¬, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la renuncia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrí¬ por las escuchas) y Rodolfo Canicoba Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial, para asegurar la justicia independiente que Macrí¬ exaltó en su primer mensaje y que Casanello ejemplificó sobreseyendo al flamante mandatario. Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la patria, nada menos.

Nada que ver

El propio Macrí¬ repitió hasta el hartazgo que la designación del comisario Fino Palacios como primer jefe de su policí­a metropolitana le habí­a sido recomendada por organismos de Inteligencia de Israel y Estados Unidos, pero Casanello entiende que el ex jefe del gobierno porteño estuvo ajeno a ella porque debí­a ocuparse de muchos otros asuntos. Aunque Palacios fue su jefe de seguridad en Boca Juniors y está probado que integraba una asociación ilí­cita para realizar esos delitos, el entonces jefe de gobierno no la integró: las escuchas a su cuñado fueron por iniciativa de Franco Macrí¬, no de su hijo; el ví­nculo con el agente de Inteligencia Ciro James, que retiraba las cintas grabadas, no lo llevaba él sino su ministro de Educación Mariano Narodowsky, quien no se sabe por qué le pagaba el sueldo más alto en un ministerio en el que no trabajaba; el interesado en escuchar a Burstein era el propio Palacios, porque cuestionaba su designación para el cargo debido a su participación en el encubrimiento por el atentado a la DAIA, por el que está procesado. Según el testimonio del ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fue él quien sugirió a Palacios. Asunto terminado. Menos fortuna tuvo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ya que la Corte Suprema dejó firme su procesamiento, debido a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que realizó en el megacanje liderado por Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo.

La fecha de largada para la ofensiva contra el kirchnerismo serí­a el 1 de marzo, cuando Macrí¬ inaugure las sesiones ordinarias del Congreso. A diferencia de lo sucedido el 1 de diciembre, cuando enhebró una apurada retahí­la de generalidades y propuestas de felicidad y amor, dentro de dos meses se propone presentar con el mayor detalle los cargos que haya acumulado contra la administración que lo precedió. Su mensaje serí­a extenso y duro. La colocación de Cristina a la cabeza de los objetivos fue un aporte del Grupo Clarí­n. Ya en octubre de 2014 su ariete más voluminoso, Jorge Lanata, dijo que “Cristina tiene miedo de ir presa. Tiene miedo de la investigación de los buitres sobre la ruta del dineroˮ. A mediados de 2015, durante la campaña para las Primarias, la ex diputada radical Elisa Carrió sostuvo que de llegar ella a la presidencia, “Cristina irá presaˮ. Esto no ocurrirí­a por “revanchismosˮ sino mediante leyes de “imprescriptibilidad sobre los delitos de corrupciónˮ y “juicios sobre los bienesˮ de los funcionarios corruptos. “Pediré informe de todas las cuentas en el exteriorˮ, dijo. El 27 de noviembre, mientras se discutí­an los detalles del acto de jura del nuevo presidente, el periodista Ceferino Reato escribió: “Vamos a ver si Cristina permanece libre mucho tiempoˮ. Agregó que “deberí­a favorecer una buena transiciónˮ y que “tensar la situación no la favoreceˮ porque “tiene muchas causas abiertasˮ, amenazó. La aliada presidencial Margarita Stolbizer denunció a CFK por enriquecimiento ilí­cito y el 9 de diciembre anunció que podrí­a ir presa por “un enriquecimiento difí­cil de ocultarˮ. En una columna para el diario La Nación, Luis Majul sostuvo que si Cristina fuera presa no serí­a porque Macrí¬ decidió “empujarla a la cárcelˮ sino porque el juez Claudio Bonadio ya recolectó “todas las evidencias que prueban, como mí­nimo, la existencia de lavado de dinero en la causa Hotesurˮ. Macrí¬ no conminó a su socia polí­tica para que presionara al fiscal Carlos Stornelli o al juez Daniel Rafecas “porque sabe que Stolbizer no necesita un guiño del Presidente para continuar lo que empezó. Pero el miedo de Cristina Fernández a que la metan presa es lo que explica, también, la virulencia y la agresividad de los fogoneros del Frente para la Victoriaˮ, pretende uno de los periodistas más próximos a la intimidad presidencial. El modelo es el ˮ™55, con la exhibición de vestidos y zapatos en la residencia presidencial, las comisiones investigadoras que ocuparon el lugar del clausurado Congreso, y la ilusión de borrar al tirano depuesto de la memoria popular, presentándolo como un ladrón de los dineros del pueblo. El resultado de ese intento es bien conocido. Pero Macrí¬ también comienza a advertir que la recomposición del Grupo Aaahhhh… puede ser útil para apoderarse de cargos que no le corresponden, como la banca en el Consejo de la Magistratura que esa componenda birló a la primera minorí­a, del FpV, para entregársela al diputado de PRO Luis Tonelli, maniobra que por ahora frenó un amparo aceptado por la jueza de La Pampa Iara Silvestre. Pero la propia Stolbizer objetó que se modificara por decreto la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal, materia que la Constitución colocó en forma expresa fuera del alcance de la lapicera presidencial. “El gobierno no pude avanzar con DNU que son inconstitucionales. No sólo debe acreditar necesidad y urgencia sino respetar materias vedadasˮ, advirtió Stolbizer.

Traición a la patria

Hay también otros temas y operadores. El dí­a de Nochebuena, un columnista del Grupo Clarí­n sostuvo que cuando fue apartado de la causa el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponí­a denunciar a Cristina por traición a la patria a raí­z del memorando de entendimiento con Irán, cuya inconstitucionalidad quedó confirmada por la decisión del Poder Ejecutivo de no apelar la resolución de la Cámara Federal en ese sentido. El mismo dí­a, un boletí­n electrónico dirigido por dos editores del Grupo Clarí­n dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la Cancillerí­a donde realizaba un trámite personal, que el entonces ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y que el ejecutor serí­a el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos dí­as después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano fue a Puerto Madero a verificar los hechos ( ¡!). Como corresponde, la extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podrí­a tomar en serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El 28 de diciembre, el rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que “CFK va a ir presa por el asesinato de Nismanˮ, cuando a casi un año el único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la familia y de los amigos polí­ticos de Nisman. En coincidencia con estos episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del ex senador radical Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del ex fiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la ex presidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se proponí­a rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual motivó una tajante reacción de familiares de las ví­ctimas del atentado. “Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecerí­a que lo homenajearan?ˮ fue la pregunta airada que escuchó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, un hombre con demasiados cadáveres en el ropero como para embestir contra un muro. El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los autores del atentado eran los iraní­es denunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007 el juez Canicoba Corral. En 2013, cuando el presidente de la AMIA Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le respondió que no podí­a negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron los iraní­es. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena punterí­a de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. Los audios forman parte del libro “Nisman debe morirˮ, del periodista Daniel Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la injuria contra el anterior gobierno. Santoro también fue el vehí­culo elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habrí­a consistido en la creación de una comisión de la verdad que implicarí­a transferir la soberaní­a al “estado sospechosoˮ de haber ordenado el atentado. También entiende que el tratado restringe “la potestad de encarcelamientoˮ del juez al “dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsablesˮ. Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de cinco juristas de prestigio internacional, que no podí­a incluir iraní­es) revisarí­a la documentación y transmitirí­a una opinión a los dos gobiernos, pero no que desplazarí­a la jurisdicción de los tribunales argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia y el único que podrí­a haber pedido su anulación era el juez Canicoba, que nunca sintió su jurisdicción menoscabada. Tal vez por eso, ahora está en la lista negra del gobierno amarillo. Que la justicia haya declarado inconstitucional el memorando y que no haya surtido ninguno de los efectos que se buscaron al suscribirlo, no implica que su firma y su ratificación por el Congreso constituyeran un delito penal.

El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa “Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilí­citaˮ, instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilarí­a a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se habí­a realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como “Juez de la Revolución Libertadoraˮ, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrí¬: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganí­a hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Al referirse al éxodo de centenares de investigadores de alto nivel que fueron a enriquecer a universidades de todo el mundo, entre ellos el futuro Premio Nobel César Milstein, Botet dijo que la autoridad debí­a prevalecer sobre la ciencia, un razonamiento de la misma raí­z filosófica (con perdón de la palabra) que la advertencia del actual ministro de Comunicaciones, quien cree que ninguna ley puede limitar al presidente.

La fracción hegemónica

No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de polí­ticas contrarias al interés popular que pregona defender, pase por la polí­tica internacional. Macrí¬ nunca ocultó que ése era su propósito; cuestionó al gobierno de Venezuela en el debate con Daniel Scioli y en su primera cumbre del Mercosur; encomendó la Cancillerí­a a la funcionaria de Naciones Unidas que coordinó las misiones de paz que interesaban a Washington; antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la polí­tica soberana de la Argentina frente a los fondos buitre. Así­ lo contó en una investigación sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados Unidos publicada en este diario, el sociólogo Jorge Elbaum, quien precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Allí­ reveló que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí­, que su vez fue su ví­a de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las anteriores autoridades argentinas, con cargos tan disparatados como los que acaba de hacerle a CFK el Centro Wiesenthal, que le otorgó una mención de deshonor en su ranking mundial de expresiones antisemitas. (Su pecado fue haber dicho que los mecanismos de la usura que hoy practican los fondos buitre fueron descriptos hace siglos en “El mercader de Veneciaˮ. Pero la ex presidente nunca cuestionó al fondo Elliot porque Paul Singer fuera judí­o, sino porque pretende una ganancia exorbitante, por tí­tulos que compró a precio vil después del default). Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en 2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judí­o Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrí¬ sostuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus dictámenes contra la infiltración iraní­ en Venezuela y América del Sur. A través de los contactos de Nisman, Macrí¬ se reunió con referentes de la derecha israelí­ y con el primer ministro Netanyahu. Una de sus consecuencias fue que el 9 de septiembre último, Israel rechazara en la ONU las regulaciones de los fondos especulativos propuesta por la Argentina (que obtuvo 136 votos a favor, siete en contra y 41 abstenciones).

Esto a su vez coincide con un desplazamiento inédito en las relaciones de poder entre las fracciones dominantes del capital que se expresan en el actual gobierno. Por primera vez, la hegemoní­a se ha desplazado desde los grupos económicos locales, que crecieron de modo exponencial durante la dictadura cí­vico-militar y condujeron el desguace del Estado bajo el menemismo, hacia las empresas extranjeras, que tienen una impresionante representación en el gabinete nacional, a través de los CEOS de varias de ellas, tanto estadounidenses como europeas. La lógica binaria de la campaña electoral no ayudó a percibir que Macrí¬ no era el representante del Cí­rculo Rojo, sino que lo estaba denunciando. Eso ocurrió cuando le exigí­an que cerrara un acuerdo electoral con Sergio Massa, en cuyo Frente Renovador activan los grupos económicos locales (aunque los conduzca la transnacional italiana Techint) a través de personeros como el ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica, José de Mendiguren, y el también ministro en el gabinete del ex senador Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, quien reordenó los fragmentos de aquel estallido. Ni ellos ni los exportadores agropecuarios consideran suficiente la devaluación del 40 por ciento y por eso no están liquidando todos los granos acumulados que habí­an prometido. Jorge Todesca (0,3 por ciento de los votos cuando aspiró a ser electo jefe de gobierno porteño en 2011) repite el error que a partir de 2006 cometió el kirchnerismo con el INDEC y lo profundiza. En vez de dibujar las cifras, directamente las oculta, amparado en la emergencia estadí­stica para todo este año que decretó el ministro Alfonso de Prat Gay, quien con alegrí­a Pro dijo que la inflación de diciembre habí­a sido de 3.5 por ciento. La vandalización del INDEC destruyó la credibilidad de toda palabra pública y quien persista en ese camino bárbaro pagará las consecuencias, porque la realidad, como el agua, siempre se las ingenia para superar cualquier dique. Esto apunta también hacia los posibles realineamientos con vistas a 2017. Massa cuenta con el poderoso respaldo de ese sector económico desplazado de la conducción, ya sea para apostar por la jefatura de un peronismo deskirchnerizado en alianza con varios gobernadores que desean cerrar el ciclo del Frente para la Victoria, o tratando de nuclear esa misma reacción en su Frente Renovador, dejando a Cristina sola con la rama juvenil. Las convocatorias por redes sociales y las catarsis en los parques son reacciones valiosas ante el avasallamiento de normas y derechos, siempre que no segmenten el vasto movimiento polí­tico y social que se expresó durante los doce años del kirchnerismo ni recaigan en el antipejotismo esteticista. Estas peripecias del PRO no están exentas de contradicciones, sino todo lo contrario. Quien se opuso a los dictados del Cí­rculo Rojo e insistió ante Macrí¬ en la pureza étnica como condición para llegar al gobierno fue su consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Ahora, mientras el presidente hace saber a través del diario La Nación que quiere ex funcionarios presos lo antes posible, Durán Barba declara a la revista Noticias que sólo al 16 por ciento le gustarí­a ver a la ex presidente tras las rejas. Acaso porque el ecuatoriano hizo su aprendizaje polí­tico en la Argentina de los primeros años ˮ™70, cuando quedó claro para qué habí­an servido casi dos décadas de hostigamiento y ninguneo a Perón. También tomó nota del imponente acto de despedida a Cristina, el 9 de diciembre y del peso que su palabra sigue teniendo en el FpV, con el que nadie más que el intendente de Ezeiza Alejandro Granados pregonó que no tení­a nada que ver. La composición de la comisión bicameral que trata los decretos de necesidad y urgencia y las negociaciones por el presupuesto bonaerense hablan por sí­ solas.

La vida no vale nada

Hace pocos dí­as se publicó un libro ilustrativo sobre las tramas ocultas que persisten en torno del atentado a la DAIA y la denuncia del ex fiscal Nisman, que ahora el gobierno intentará reactivar contra la ex presidente CFK. En “Iosi, el espí­a arrepentidoˮ, los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky narran a tres voces con el protagonista la aterradora historia del agente de Inteligencia de la Policí­a Federal José Alberto Pérez, quien fue comisionado por la Policí­a para infiltrarse en las instituciones de la colectividad judí­a. Lo hizo tan bien que llegó a ocupar cargos de alta importancia, como prosecretario de la Organización Sionista Argentina, con funciones de seguridad en la propia AMIA y acceso incluso a las llaves del edificio. Sus mandantes llegaron a sospechar que pudiera ser un agente sionista infiltrado en la Federal. Como parte de su tarea, Iosi “fue el encargado de recopilar toda la información necesaria, hasta el más mí­nimo detalle de los objetivos que fueron atacados por los terroristas después. Y lo hizo por orden de sus jefes de Inteligencia de la Policí­a Federal, que consideraban a los judí­os una amenaza. Les suministró todo: las caracterí­sticas de la edificación, la distribución interna, las formas de acceso, los horarios, los sistemas de seguridad. En los momentos anteriores a los dos atentados, todos los policí­as federales que podí­an haber sido ví­ctimas desaparecieron de los lugares donde tendrí­an que haber estado porque les avisaron que se fueranˮ. Si al principio pudo creer que el objetivo policial era la seguridad de esos edificios, luego del atentado de 1992 comenzó a sospechar que tal vez no era así­, y cuando se produjo el de 1994 ya no tuvo dudas. Pidió que lo trasladaran a otras tareas pero eso no le bastó. Casado con una chica judí­a y con un creciente agobio psicológico y moral, en 2000 se puso en contacto con Lutzky, quien dirigí­a el periódico “Nueva Sionˮ. El mismo año otro agente de Inteligencia de la Federal, Claudio Liftzchitz, quien habí­a sido infiltrado como prosecretario del juez Juan José Galeano que investigaba el segundo atentado, publicó un libro revelando cómo su institución y la Secretarí­a de Inteligencia habí­an inventado un desví­o de la pesquisa para cubrir al gobierno del presidente Carlos Menem y sus contactos sirios y derivar la responsabilidad hacia la policí­a bonaerense de Eduardo Duhalde. Pero tanto la DAIA como la AMIA se alinearon con la SIDE para tratar de impedir que Liftschitz siguiera hablando, lo querellaron y pidieron pena de prisión contra él por “violación de secretosˮ. A raí­z de ello fue procesado y también hubo un intento contra su vida. “Mal precedente para el desesperado Iosiˮ, anota Lutzky. La DAIA llegó a realizar un brindis de agradecimiento a la Policí­a Federal y su experto en terrorismo, el comisario Fino Palacios, quien hoy está procesado por el encubrimiento. En 2002, Iosi también puso su situación en manos de Miriam Lewin. Tanto ella como Lutzky intentaron que la historia escalofriante que Iosi querí­a contar contribuyera al esclarecimiento del atentado y que alguna institución pública o privada, nacional o internacional, garantizara su vida luego de hacerlo. Fracasaron en forma estrepitosa. Sólo con la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré se sintió protegido, aunque no se produjo la oportunidad para que pudiera declarar en la causa judicial sin poner su vida en manos de los criminales. La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner recibió a Lewin y Lutzky y les concertó una reunión con el hombre fuerte de la SIDE, Horacio Antonio Stiuso, a quien el presidente Néstor Kirchner habí­a confiado la causa del atentado, junto con Nisman. A Cristina le llevarí­a años descubrir lo que Lewin y Lutzky sabí­an desde el principio, que no podí­an confiar en ese hombre, por más que en los alineamientos entre servicios estuviera enfrentado con Palacios y los federales. No parece casualidad que se anuncie el regreso de Stiuso al paí­s, justo cuando el gobierno intenta incriminar a la ex presidente. Uno de los jefes de Iosi fue el comisario Miguel Colella, quien luego de su pase a retiro, en 2007 se asoció con el ahora prófugo Martí­n Lanatta en una empresa de seguridad, Homeland Brokers. Como parte de su búsqueda acuciante de seguridad, Pérez habí­a grabado un video de resguardo que quedó en poder de la prensa canalla. En julio de 2014 se hizo público, con intención comercial y de escándalo, con todos sus datos de identidad e incluso el nombre de su esposa, ya casada con otro hombre. Ante el riesgo inminente, Lutzky lo llevó a declarar a la fiscalí­a de Nisman, requisito imprescindible para que fuera admitido en el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según Lutzky y Lewin, “el caso del espí­a plantado en la comunidad bajo la administración radical, que desarrolló su principal actividad de infiltración durante el periodo menemista, fue de inmediato utilizado para fines polí­ticos coyunturales: el fiscal Nisman ˮ“en paralelo con Gabriel Levinasˮ“ aprovechó la declaración de Iosi para centrar sus crí­ticas en Nilda Garré y, por extensión, en el gobierno nacional. En esa misma dirección, apenas unos meses después Nisman presentarí­a la denuncia por encubrimiento contra la presidente Cristina Kirchner. Lo importante para Levinas era la repercusión mediática, a dí­as del aniversario de la bomba. Y, especialmente, endosarle el espionaje a Nilda Garré y al gobierno de Cristina. Esa misma orientación trató de darle el fiscal Nismanˮ. Aparte de apuntar contra Garré, filtró a la prensa partes del testimonio de Iosi que debí­a mantenerse en secreto y “no se avanzó nada en lo judicial sobre el rol de la Policí­a Federal. Si durante diez años Nisman no habí­a hecho absolutamente nada para identificar la conexión local, ¿por qué iba a hacerlo ahora? Si lo hubiera hecho tendrí­a que haber puesto de manifiesto negociados y asociaciones entre dirigentes de la comunidad judí­a y los miembros de la Policí­a que tení­a que investigarˮ, añaden. El propio Iosi concluye, con pocas, secas palabras: “Soy una prueba molesta. Como ya dije una y mil veces, la vida, mi vida, no vale nadaˮ.
Una libra de carne

La trama de “El mercader de Veneciaˮ, escrita por Shakespeare entre 1596 y 1597, refleja los sentimientos antisemitas prevalecientes en Inglaterra más de dos siglos después de la expulsión de los judí­os. En esto es muy común, pero se distingue como excepcional por su presentación de las razones de un prestamista judí­o, perseguido y humillado por el mercader cristiano Antonio. El contrato entre ambos estipula que a falta de pago, el prestamista tendrá derecho a cortar una libra de carne del cuerpo del deudor.

ˮ“ ¿De qué te servirí­a? ˮ“le pregunta otro personaje.

ˮ“Para atraer a los peces. Y si no alimenta otra cosa alimentará mi venganza ˮ“responde Shylock. Agrega que Antonio lo ha avergonzado y se ha burlado de él, sólo por ser judí­o. “ ¿No tiene ojos un judí­o? ¿No tiene manos, órganos, cuerpo, sentidos, afectos, pasiones? ¿No lo nutre el mismo alimento, no lo hieren las mismas armas y lo postran las mismas enfermedades, no lo curan los mismos remedios, no lo enfrí­an y entibian el mismo invierno y verano que a un cristiano? Si nos hieren, ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿no nos reí­mos? Si nos envenenan, ¿no nos morimos? Y si nos hacen daño, ¿no nos vengaremos? Si en lo demás somos iguales, también nos pareceremos en estoˮ, responde. Curioso antisemitismo el de Shakespeare, que por carácter transitivo los buitres intentan endilgar ahora a Cristina.

(*) Publicada en Página 12 el Domingo 04 de enero de 2016.-