La nueva definición de la Corte viene a revertir la del mismo tribunal en favor de Luis Muiña, fallo que generó el pedido en masa de otros genocidas; ocasionando unas de las movilizaciones más numerosas y contundentes contra un fallo judicial. Por eso, luego de que 500 mil personas tomaran las calles exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para quienes hubieran sido condenados por delitos de lesa humanidad; el Congreso aprobó una ley contraria a la aplicación del 2×1. Sólo faltaba la definición del máximo tribunal de Justicia para ratificar la normativa.
Cabe destacar que Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, fue el único juez que falló en beneficio de la impunidad. Y no es de sorprender. El presidente Mauricio Macri apenas asumió intentó nombrarlo junto a Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema por decreto; en una maniobra inconstitucional y contraria a la independencia de poderes. El presidente miembro del máximo tribunal, otrora abogado del Grupo Clarín y Farmacity cuando aún era de Quintana, aceptó la designación junto a Rosatti. Si bien su nombramiento no quedó efectivo en ese momento, esto sólo se debió al repudio generalizado que causó en la sociedad y no a una negativa por parte de quienes tienen la función de aplicar las leyes en tensión con la Carta Magna. Menuda contradicción.
El fallo que enterró de forma definitiva el beneficio del 2×1 para los genocidas viene a reconocer las potestades del Poder Legislativo en la sanción de la ley 27.362 que limitó la aplicación del cómputo del 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad. Rosenkrantz, por el contrario, la consideró inconstitucional y destacó que “La validez constitucional de una ley no viene dada por el grado de su aceptación social ni por el intento de plasmar ciertos ideales ˮ”por loables que seanˮ”, sino por su consistencia con el consenso intertemporal más profundo documentado en nuestra Constitución Nacionalˮ.
Desde que asumió Mauricio Macri, se intenta instalar desde el gobierno la teoría de los dos demonios, aplicando una mirada negacionista para con los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas durante la dictadura cívico militar. Si no han podido avanzar aún más por sobre nuestro proceso reconocido internacionalmente de Memoria, Verdad y Justicia es por la conciencia del pueblo argentino que ante cada avasallamiento sale a la calle en defensa de la Democracia.