El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, basó parte de su estrategia electoral en la apología de la “mano duraˮ a través de la exaltación de las Fuerzas Armadas (con reconocimiento expreso a genocidas y torturadores de la dictadura militar) y de las Fuerzas de Seguridad en “la lucha contra la delincuencia y el crimenˮ, en un país que él mismo ha descripto como “en guerra”. Desde esa plataforma consiguió un contundente triunfo electoral.
Esta semana fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación N ° 956/2018, mediante la cual se reglamenta de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. Este reglamento, que quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y el ordenamiento legal vigente, define de forma difusa diversas situaciones como de “peligro inminenteˮ y habilita, por ejemplo, el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.
Su finalidad es la de eliminar arbitrariamente la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas, violando de forma manifiesta e ilegal los preceptos establecidos al respecto en el Código Penal de la Nación. Es, lisa y llanamente, la institucionalización del “gatillo fácilˮ.
Este nuevo reglamento tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el “Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyˮ de la ONU y contradice abiertamente los preceptos sostenidos por dicho código, que refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema.
De esta manera, Bullrich intenta legalizar la denominada “doctrina Chocobarˮ – quien se encuentra procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber – calificando como “peligro inminenteˮ la fuga de una persona, autorizando ilegalmente el uso de arma de fuego en su contra de forma inmediata, y sin evaluar la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, conforme establece el Código Penal y los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyˮ de Naciones Unidas, principios rectores en la materia.
Es importante remarcar que la intención de legalizar la “doctrina Chocobarˮ a través de la citada resolución administrativa es ilegal, por lo que expone a los agentes de las fuerzas de seguridad que cometan ese tipo de delitos, quienes serán juzgados a la luz del ordenamiento jurídico vigente.
Este nuevo plan represivo se complementa con el dictado del Decreto 683/2018, firmado por Macri, que modificó también ilegalmente las leyes N ° 23.554 (Ley de Defensa Nacional) y Nº 24.059 (Ley de Seguridad Interior), quebrando de esta forma el acuerdo interpartidario más importante conseguido en democracia: la separación entre seguridad interior y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos seguridad interior. Es decir que hoy ˮ“ y hasta tanto la Justicia se expida en contrario ˮ“ las Fuerzas Armadas están “autorizadasˮ por su conducción a intervenir en asuntos de seguridad interior y las fuerzas de seguridad cuentan con el respaldo político del gobierno para asesinar por la espalda. Como en las épocas más nefastas de nuestra historia reciente. En eso se basa la estrategia electoral de un gobierno que no puede dar otra respuesta al incremento de la inseguridad y de la protesta social (consecuencias inexorables de su política económica) que la cruda represión.
