La resolución del Tribunal Superior Electoral brasileño violenta los derechos políticos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente de la República, buscando impedir que el Partido de los Trabajadores vuelva al gobierno en Brasil y revierta la catástrofe social que atraviesa nuestro país hermano con la implementación por parte del golpista Temer de un brutal ajuste neoliberal.
Esta infame maniobra es parte de una dinámica regional en la que se busca criminalizar a los principales líderes políticos y referentes de las luchas sociales, vulnerando las más elementales garantías constitucionales propias del estado de derecho, en lo que se conoce como Lawfare.
La proscripción política, el encarcelamiento de opositores y la represión a la protesta social se van volviendo moneda corriente para los gobiernos que llevan adelante una ofensiva restauradora contra los avances políticos, sociales y económicos que caracterizaron a buena parte de los países del Cono Sur en los últimos 15 años.
Manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo con el compañero Lula Da Silva y sostenemos que sólo a través de la movilización en cada país y la más amplia solidaridad internacional, construyendo y profundizando los caminos de unidad contra la imposición del programa del FMI en Nuestra América, los pueblos podremos reconstruir las condiciones para recuperar el gobierno y evitar la catástrofe social a la que nos están llevando.
