La idea de una República con partidos polí­ticos subordinados a los poderes concentrados siempre dio vueltas en la cabeza de nuestras clases dominantes. Durante el siglo XX estuvo el Partido Militar para intervenir cada vez que los dirigentes y sus estructuras no quisieron aceptar las reglas del juego impuestas por las grandes corporaciones. La última Dictadura cí­vico-militar fue un producto de este mecanismo, aunque la mayorí­a de los responsables civiles nunca hayan sido juzgados junto a los uniformados que utilizaron como mano de obra.

Sin posibilidades de poder volver a utilizar a las Fuerzas Armadas, en los últimos años hemos visto como las élites empresarias han decidido intervenir directamente en la vida polí­tica del paí­s, sin necesidad de disimular ninguna de sus incursiones. Pero no por obvio debe ser aceptado que los mismos grupos económicos que durante décadas se dedicaron a envilecer el sistema polí­tico, ahora declamen transparencia y lucha contra la corrupción.

Creemos que los actos de corrupcion deber ser juzgados por una justicia ecuánime y democrática, en lugar de esta que tenemos al servicio de corporaciones. Nuestro gobierno trabajó en una reforma judicial que fue vetada por la propia justicia, la misma que ahora se regodea con un circo mediático que no busca llegar a ninguna verdad sino que sólo persigue venganza.

Los partidos polí­ticos tienen deficiencias estructurales que arrastran desde hace décadas, y en muchas ocasiones hemos planteado la necesidad de debatir su funcionamiento interno, empezando por la manera en la que se financian. No fuimos escuchados. Pero aún con todos sus problemas, son la única herramienta que tiene nuestro pueblo para defender sus intereses, y ninguna corporación, por más poderosa que sea, puede reemplazarlos, coaccionarlos ni dirigirlos.

Llevarse puesto al sistema de partidos es llevarse puesta a la gente.