Política

Santiago Maldonado, un crimen de Estado

Por Sebastián Premici*

santiago

¿Qué hicieron con Santiago Maldonado? ¿Quiénes legitimaron la represión que terminó en la desaparición y muerte de este joven en la Patagonia? ¿Quiénes dieron las órdenes para llevar adelante una cacería dentro de la Pu Lof en Resistencia Cushamen? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién tomó la decisión política que justificó la escalada represiva que se inició con los pueblos originarios pero que no se agota ahí?

La represión como política de Estado. La enorme maquinaria de impunidad desplegada por la Alianza Cambiemos para encubrir su mayor delito: la reinstauración de los crímenes de Estado. El miedo.

¿Qué hicieron con Santiago Maldonado? ¿Cuáles son los intereses económicos detrás de la persecución a los pueblos originarios? Preguntas que interpelan (o debería hacerlo) a todo un país.  La Patagonia huele a muerte.

El Grupo Benetton, con casi 1 millón de hectáreas distribuidas en la región, el británico Joe Lewis -amigo personal del Presidente Mauricio Macri- junto a los grandes terratenientes de la región se ocultan detrás de las sociedades rurales de Esquel, Bariloche y Neuquén. Fueron ellos quienes impulsaron y avalaron la construcción de nuevos enemigos internos. La pata civil detrás del Estado represivo.

Desde febrero de 2016, luego de una primera reunión de la ministra Patricia Bullrich con estos empresarios comenzó a regir, casi de facto, un pedido de represión como forma de garantizarles al Poder económico su “seguridad jurídica”.

El Gobierno de Mauricio Macri modificó la Doctrina de Seguridad Interior casi con mano militari, de facto. Lo hizo cuando empezó a justificar y promover los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad, la doctrina Bullrich: primero disparar y luego dar explicaciones o buscar las pruebas para justificar el fusilamiento.

El ensayo comenzó el 31 de julio del año pasado cuando desde el Ministerio de Seguridad le ordenaron a dichas fuerzas – como la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)- avanzar por sobre las jurisdicciones de los jueces para reprimir. “Nosotros no tenemos que dar las pruebas, en todo caso será el juez quien las busque”, dijo la ministra Bullrich unos meses después.

Finalmente, la nueva Doctrina de Seguridad Interior quedó inaugurada en la Argentina el 1 de agosto de 2017, cuando la GNA cumplió las órdenes del Poder Ejecutivo y arremetió con una represión ilegal a una comunidad mapuche de la Patagonia (Pu Lof en Resistencia Cushamen) que terminó en la desaparición forzada seguida de muerte del joven anarquista Santiago Maldonado. Lo que ocurrió hace un año fue un crimen de Estado.

“Ningún crimen de estado se comete sin ensayar un discurso justificante. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual en los crímenes de Estado”, sostuvo Eugenio Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Desde un primer momento, el Gobierno negó a Santiago Maldonado. Negó su participación en el corte de la Ruta Nacional 40 y lo catalogó prácticamente de terrorista. Esa negación fue su primera desaparición.

Lo desapareció Bullrich cuando lo vinculó a una supuesta organización guerrillera inexistente (la RAM), también cuando insinuó que podría estar en otro lugar del país. Lo desapareció el ex juez de la causa penal Guido Otranto cuando confesó que Maldonado no sólo era buscado en el río Chubut sino enterrado en el propio territorio mapuche.

A Santiago lo desaparecieron cada vez que injuriaron el apellido Maldonado. Lo desaparecieron cada vez que negaron sistemáticamente su presencia dentro de la Pu Lof.  Lo hicieron a sabiendas de que sí sabían que había estado allí porque contaban con las imágenes tomadas por la propia Gendarmería que lo ubicaban con vida a las 11.32 del 1 de agosto, segundos antes del inicio de la cacería que lo empujó a su muerte.

La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado fue el resultado de una planificación estatal, la construcción de un enemigo interno con ayuda de los sectores económicos concentrados de la Patagonia. ¿Cuánto le debe el actual Gobierno argentino a los grupos económicos que lo llevaron al poder para sostener con tanta vehemencia esta reinstalación de una Doctrina de Seguridad Interior?

Lo que está en juego con la construcción de la figura de “enemigos públicos” y “terroristas” no son solamente los pueblos originarios sino todos los actores sociales y políticos que osen manifestarse en contra de la Alianza Cambiemos y sus intereses económicos en juego. El mensaje implícito es “podemos hacer con ustedes lo que queramos”.

*Periodista. Autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”.

Economía

El Fondo Federal Solidario fue creado en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y tenía como objetivo redistribuir recursos del sector agropecuario hacia todas las provincias vía detracción del 30 por ciento de las retenciones aplicadas a la soja.

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