Mientras en la cámara de senadores, nuestros representantes debaten en plenario de comisiones con expositores y expositoras a favor y en contra de la ampliación de derechos hacia las mujeres y personas gestantes, el aborto legal ya ha ganado la discusión en la sociedad. En las últimas semanas, se han realizado manifestaciones, plenarios, encuentros y pañuelazos en todo el país, en claro apoyo al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es así como nuestra organización viene participando de forma constante de los “Martes Verdesˮ en el Congreso, tanto durante el debate en la Cámara de Diputados como ahora, en la de Senadores.
El 24 de julio desde La Cámpora nos hemos sumado a los “Puentazosˮ como modo de visibilizar que el proyecto cuenta con apoyo plural y federal. La propuesta surgió de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y consistió en intervenciones en puentes de todo el país exigiendo un dictamen sin modificaciones con la intención de unir barrios y ciudades; dejando en claro que la ley se ganará con todas y todos en las calles. La misma surgió como una respuesta más a los dichos falaces que han surgido de grupos antiderechos, los cuales argumentan que el aborto no debe ser legal, dado que las ciudadanas y ciudadanos de las provincias del interior del país no acompañarían este avance en nuestros derechos en pos de una sociedad más justa e igualitaria.
Respecto al proyecto de ley, el mismo prevé que toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional. Luego de ese período, rigen los causales contemplados en el Artículo 86 del código penal, ratificados en el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; tal como ocurre hoy con la Interrupción Legal del Embarazo: si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente y/o si estuviera en riesgo la vida o de la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano. A estos causales vigentes hoy, el proyecto agrega el de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
En el mismo, queda especificado que la práctica deberá estar garantizada por el sistema de salud pública y tendrá que ser cubierta de forma íntegra por prepagas y obras sociales. A su vez, contará la mujer o persona gestante con consejerías interdisciplinarias donde se accederá a información adecuada, atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo como forma de garantizar un espacio de escucha y contención integral, recibir acompañamiento en el cuidado de la salud e información y provisión de los distintos métodos anticonceptivos disponibles.
En este sentido, el proyecto hace referencia a la impostergable ejecución de políticas públicas de salud sexual y reproductiva y a la educación sexual integral en todos los niveles educativos, ambas áreas desfinanciadas desde que asumió Mauricio Macri la presidencia. A modo de ejemplo, en 2016, durante la gestión del hoy senador Esteban Bullrich, la inversión en el Programa Educación Sexual Integral, se redujo un 65% en términos reales. A su vez, a julio de este año, el gobierno sólo ejecutó el 8% del presupuesto del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En lo que concierne a la práctica de las interrupciones de los embarazos, es menester destacar que la forma más segura de realizar un aborto es la farmacológica, con misoprostol combinado con mifepristona, una droga que no está todavía aprobada en la Argentina. Esta combinación produce el aborto en más del 90% de los casos con una efectividad del 98% ante la combinación de ambos fármacos. De este modo, las consultas y seguimiento, podrán realizarse en los centros de salud del primer nivel de atención, las salitas barriales, sin ser necesaria la consulta en un hospital. Los altos costos de los abortos se producen con las complicaciones derivadas de los abortos clandestinos e inseguros. De legalizarse el aborto, esos costos hoy existentes, se reducirían en casi 3500 millones de pesos al año: 1500 millones podrá ahorrar el sistema de salud y 2000 millones las mujeres que abortan; según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
El aborto clandestino e inseguro causa complicaciones en la salud integral de miles de mujeres y personas gestantes, en muchos casos llegando a la muerte. Será con la legalización del aborto que las mujeres y personas gestantes podremos tener autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones a la hora de planificar nuestras vidas. El aborto legal es una cuestión de salud pública y de justicia social. Por eso, senadores y senadoras: Que sea Ley. Un país entero se los demanda.
