Política

Fuerzas Armadas para la (in)seguridad interior

El presidente Mauricio Macri anunció en Campo de Mayo la modificación doctrinaria de las Fuerzas Armadas, que pasarían a tener dentro de sus incumbencias la garantía de la seguridad interior.

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En el mismo sitio donde durante la dictadura cívico militar funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y una maternidad, Macri justificó el anuncio de expandir el rol de las Fuerzas Armadas en la necesidad de combatir el narcotráfico, brindar apoyo logístico en las fronteras, custodiar “objetivos estratégicos” y “garantizar la capacidad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional”. Se busca de este modo asignarles a los militares tareas explícitamente prohibidas en nuestra legislación vigente, rompiendo un acuerdo sostenido por todos los gobiernos democráticos desde 1983 a esta parte, donde es política de Estado la separación de la defensa nacional de la seguridad interior.

Esta estrategia no es novedosa ni original. Se ha puesto en práctica en otros países de la región como Brasil, Colombia y México, sin demasiados resultados positivos para mostrar y con efectos perjudiciales sobre la población civil, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, derramamiento de sangre y el recrudecimiento de la violencia. En México, se acumulan 234 mil muertos entre 2016 y 2017. Como ejemplo de ello, vale recordar que un grupo de militares está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En Brasil, dentro de las víctimas de este sistema, encontramos el reciente asesinato de la concejala opositora Marielle Franco. En paralelo, es notorio el fracaso del objetivo inicial de combatir el narcotráfico.

Es así como se consolida la idea de un enemigo interno, aumentando y recrudeciendo la violencia hacia los ciudadanos y ciudadanas, utilizando herramientas de inteligencia militar para realizar espionaje y reprimiendo la protesta social. Sobre el último punto, es menester remarcar que el anuncio fue anticipado por el periodista Mariano Martín el día de ayer, el cual aduce que le fue transmitido por parte integrantes del Ministerio de Trabajo que habrían indicado que algunos de esos “objetivos estratégicos” serían “el yacimiento de Vaca Muerta y Atucha para acallar eventuales protestas de gremios hoy disidentes como Camioneros”. Este anuncio se evidencia como una maniobra más para  disciplinar y amedrentar a los movimientos sociales, políticos y sindicales que se manifiesten ante las políticas de hambre y ajuste del gobierno, políticas que seguirán agudizándose a partir del reciente acuerdo con el FMI.

Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en lo referido a seguridad Nacional, a partir de lo enunciado en las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional. En esta última está explícitamente enunciado que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”.  Su decreto reglamentario, firmado por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2006, insiste en que “deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación ‘nuevas amenazas”. Donde dice “nuevas amenazas” bien puede leerse “narcotráfico”. Nada nuevo bajo el sol.

Cabe remarcar que nuestras Fuerzas Armadas no están capacitadas para salvaguardar la seguridad interior ni tienen el armamento necesario para disuadir ciudadanos y ciudadanas sin herirlos de muerte. Sus armas de combate son las necesarias para un contexto de guerra. A su vez, tampoco tienen la formación para poder cumplir instrucciones de jueces o fiscales o para aportar pruebas a la hora de una contienda judicial. Son militares preparados en su instrucción y equipamiento para la guerra con un enemigo externo, no para la defensa interior en un país pacífico.

No debería sorprendernos que desde el poder Ejecutivo nuevamente se avasallen las garantías institucionales y se pretenda gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, anulando el rol del Congreso de la Nación, ámbito donde necesariamente debería debatirse un cambio de tal impacto para la ciudadanía en su conjunto. Exigimos que la medida anunciada se debata de cara al pueblo con sus representantes: los legisladores y legisladoras. Y, a su vez, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales a unirse a los Organismos de Derechos Humanos en pos de la defensa de la Democracia.

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