El 20 de julio del 2017 aproximadamente a las 6 de la mañana 32 familias tuvieron que evacuar el conventillo en el que vivían debido a un siniestro que se llevó la vida de cuatro personas. Los vecinos, en un primer momento, pensaron que una vez apagado el incendio, iban a poder ingresar nuevamente a sus viviendas pero no fue lo que sucedió. Una clausura administrativa del Gobierno de la Ciudad impidió que volvieran a ingresar debido a que, según las pericias, el inmueble se encontraba en peligro de derrumbe.
Desde ese entonces las familias comenzaron a armar carpas frente al conventillo pasando por lluvias y frios a la espera de una respuesta por parte del Gobierno porteño.
El 31 de agosto del año pasado la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N ° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara decidió otorgarle carácter colectivo a la acción de amparo impulsada por las familias contra el Gobierno de la Ciudad y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El fin era que se formularan y ejecutaran los proyectos específicos tendientes a la rehabilitación del predio. Además, se solicitó que se les permitiera a las familias desalojadas retornar y permanecer en el conventillo, que se regularizara la posesión con el propósito de garantizarles una solución habitacional definitiva y se creara una línea de crédito especial que permita a los amparistas la compra de un inmueble en La Boca. Lo cierto es que, en los hechos concretos, desde el Gobierno de la Ciudad se niegan a reconocer dicha acción.
La insensibilidad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede entenderse de forma aislada. Son conocidos los innumerables casos de desalojos que se viven en La Boca y el gran avance de la especulación inmobiliaria. Uno de los proyectos impulsados por el Ejecutivo porteño en el barrio es conocido como “Paseo de las Artes Pedro de Mendozaˮ. Desde el gobierno argumentan que durante años esa zona fue sinónimo de abandono y que ahora será un recorrido que conectará al barrio de La Boca con Puerto Madero. Sobre la misma avenida hay familias que continúan en la calle sin tener, después de un año, una respuesta concreta.
Los vecinos y las organizaciones sociales y políticas que acompañan la causa esperan que desde el Gobierno de la Ciudad accionen con alguna solución habitacional concreta y dejen de tener como prioridad a los grandes negocios inmobiliarios.
