A la par, los salarios de los empleados públicos se encuentran congelados y se pagan en cuotas; derivando en un acampe que lleva más de 100 días. La única respuesta por parte del Estado fue represión, estigmatización y persecución gremial.
Las escuelas llevan ya 70 días sin clases y no parece haber soluciones a la vista. Las medidas de fuerza se repiten en las cinco ciudades principales de la provincia: Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson; siempre de forma pacífica y con un amplio apoyo de la sociedad.
El pasado 26 de junio, el gobierno desplegó un operativo represivo por parte de un escuadrón de infantería de la Policía del Chubut al conjunto de docentes y estatales en el acampe de la ciudad de Rawson. Las imágenes brutales las pudimos ver todos y todas: balas de goma, gases lacrimógenos y golpes con palos que dejaron un saldo de varias personas heridas. El próximo martes, la CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación) convocó a un nuevo paro nacional docente en solidaridad con los reprimidos.
En la provincia se da un hecho paradigmático: se conformó una Mesa de Unidad Sindical para poder dar representación al conjunto de las trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia. Fue sólo a partir de esta intermediación que el gobierno decidió abrir las negociaciones paritarias en algo que permitió dar una luz de esperanza a la clase obrera, mas los ofrecimientos distan mucho de las necesidades de los patagónicos: la última propuesta del día viernes fue un plus de $1200 que se sumaría al salario básico.
Al respecto, el diputado nacional Santiago Igon expresó: “Para que se entienda: un año de congelamiento salarial, cuatro meses de conflicto y después de ser reprimidos, los docentes piden $1500 de aumento para destrabar el conflicto. El Gobierno se niega y ofrece el valor de 5 kg carne de aumento. ¿Los irracionales son los docentes?ˮ. Y continuó “El ministro de Gobierno de la Provincia Federico Massoni dice que esto no es represión porque no junta los elementos necesarios para ser una represión. Es una falta de respeto a los trabajadores y a la sociedad en general. Estamos gobernados por gente muy perversaˮ.
Igon hizo referencia a la explotación minera, al indicar que “El gobierno nacional tiene la meta fija respecto a la provincia de Chubut y tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Van en busca de romper los marcos jurídicos, que no haya manifestaciones y que los 20 apellidos de siempre puedan operarˮ.
En cuanto al contexto de la provincia, cabe subrayar que tiene un endeudamiento que supera los 700 millones de dólares desde 2016 a la fecha, cifra que crece día a día a causa de que gran parte de la deuda fue tomada en moneda extranjera por lo que aumenta a pasos galopantes junto con la devaluación. A esto se suma el ahogo financiero por parte del ejecutivo nacional.
Desde que asumió Mauricio Macri, bajaron las persianas más de 1.200 comercios y cerraron numerosas fábricas emblemáticas como Cerámicas San Lorenzo, Sedamil y Guilford. El nivel de producción de petróleo cayó un 12%, llegando a cifras similares a las de 2002 y 2003; acumulando más de 3.500 trabajadores del área despedidos.
Mientras el gobernador Arcioni muestra poca capacidad para resolver los conflictos, el gobierno nacional vuelve a poner en la escena de la provincia a Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, quienes se reunieron con el gobernador Arcioni a fin de instalar destacamentos móviles de Gendarmeria Nacional. Desde la última vez que estuvieron en la provincia, nos seguimos preguntando qué hicieron con Santiago Maldonado.
