La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario pretende reabrir una causa para enjuiciar hechos ocurridos en 1974. Pretende hacerlo llevando a juicio a un civil, miembro en ese entonces de una organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Para entender la gravedad de lo que está sucediendo es necesario hacer un poco de historia. En el marco de la toma de la Fábrica de pólvora y explosivos de Córdoba, el ERP apresó y mantuvo en cautiverio al Coronel Argentino del Valle Larrabure. En 1975, Larrabure se suicidó durante su detención.

Estos hechos fueron sometidos a investigación, instrucción y también juicio y condenas entre los años 1975 y 1983. Hubo condenas de entre 4 y 15 años de prisión. Por lo tanto, se trata de cosa juzgada, por lo que su reapertura violarí­a el principio de que no se pueden realizar dos juicios por los mismos hechos.

Ahora bien. No sólo estamos hablando de graves cuestionamientos en lo judicial y en lo procedimental. Estamos frente a una arremetida para lograr que se juzgue bajo las condiciones de lesa humanidad a un delito que no fue cometido por el Estado. Y sobre esto que pretenden los genocidas y sus defensores tenemos que ser inequí­vocos. Los delitos de lesa humanidad tienen al Estado como único responsable y de ahí­ su condición de imprescriptibles.

Estamos frente a una ola que tiene por objetivo frenar el proceso de juzgamiento a los genocidas, lograr la impunidad para todos los responsables y, además, sentar en el banquillo de los acusados a militantes populares de los años setenta y desandar el proceso de memoria, verdad y justicia que se profundizó durante los gobiernos de Néstor y Cristina que los impulsaron como polí­tica de Estado.    Son esos juicios los que convirtieron a la Argentina en un ejemplo mundial en materia de derechos humanos.

Esos compañeros, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la dictadura, han sido un motor fundamental para llevar adelante los procesos contra los genocidas y los cómplices civiles. Han sido la voz de lo innombrable, los cuerpos con las marcas de lo imborrable. Y han sido también la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos y lo que de ellos recuperaron sus madres, hijos y familiares.

Eso por eso que tenemos que estar alertas. Tenemos que contar, que difundir lo que los representantes de lo más siniestro de nuestra historia pretenden hacer. Si lo logran con el Caso Larrabure tienen diez causas más para presentar en idénticas condiciones. Así­ lo admiten, amenazantes, los abogados que representan a la familia del militar.

No es poco lo que está en juego.

Hace más de 40 años, un 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres comenzó a caminar en la Plaza de Mayo. Buscaban a sus hijos, a sus nietos. Tení­an miedos, no sabí­an qué hacer ni cómo. El dolor las impulsaba a seguir preguntando, exigiendo, denunciando. Sabí­an, eso sí­, que tení­an que juntarse y organizarse. Y lo hicieron. Dieron vueltas a la Plaza y dieron vuelta la Historia.

Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que ser capaces de organizarnos para defender lo logrado con tanta lucha. Tenemos que juntarnos y estar a la altura de lo que exige el momento y no permitir que la impunidad vuelva a reinar en nuestra Patria.