Universidad

La Universidad Pública, territorio en disputa: el ajuste en educación superior

En los últimos dí­as el Gobierno anunció un recorte de 3 mil millones de pesos a las Universidades Públicas. De los 100 mil millones presupuestados para el 2018, el Gobierno reasignó 3 mil millones y suspendió obras por un monto aún no precisado.

Repudiamos esta medida porque entendemos que cualquier tipo de retroceso presupuestario es un ataque directo a la Universidad pública, gratuita y de calidad. La educación superior es, por Ley, un derecho humano y social, lo que implica una innegable responsabilidad indelegable del Estado. Es un factor fundamental en un modelo de Estado soberano donde profesionales nacionales construyan una Patria al servicio del pueblo. Ese proyecto de paí­s y de Estado no puede estar separado del proyecto universitario que se propugne.

Por eso, no nos llaman la atención los recortes que el Ministro de Educación Alejandro Finnocchiaro, Macri y su Gabinete realizan a la Universidad. El presupuesto universitario es mayoritariamente destinado a salarios docentes, al mismo tiempo que afecta a becas estudiantiles, comedores y programas especiales. Todas estas áreas, así­ como obras que corren peligro de quedar eternamente inconclusas, serán las afectadas por las medidas tomadas por el Macrismo a expensas de las recetas del FMI y el Banco Mundial. Como en los años 90, el objetivo es empobrecer más a lxs pobres, enriquecer más a lxs ricxs, achicar el Estado y agrandar el poder económico de las empresas amigas nacionales o trasnacionales.

Nos preocupa, aunque no nos sorprende, que los medios de comunicación poco mencionen acerca de un recorte de tamaña magnitud. No sólo se está desbaratando una de las instituciones que hacen de la Argentina un paí­s único en el mundo, como es la Universidad Pública, sino que se manosea una ley nacional tratada por todo el arco polí­tico como es la Ley de Presupuesto. El gobierno que dijo venir a restablecer la República, lo único que hace es demostrar su poco apego a las instituciones y su constante búsqueda de utilizar las herramientas estatales para favorecer sus bolsillos y armar negocios ante cada necesidad.

La reunión en la que se anunció fue en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional que se celebró en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Estos datos, no nos parecen menores. El silencio de lxs rectorxs nacionales solo demuestra la subordinación a las pautas económicas que fija el Macrismo. Este sector, representado mayoritariamente por el radicalismo, que forma parte de la alianza Cambiemos, demuestra que está incapacitado para defender la autonomí­a universitaria en tanto siga dejándose atropellar ante las acciones concretas de Macri de amedrentar a las Universidades Públicas.

Además, no nos parece casual que la reunión se haya celebrado en tierras de Gerardo Morales, quien mantiene presa ilegalmente a Milagro Sala hace más de dos años. En Jujuy, tan solo unos dí­as atrás, fue apresada una concejala del PTS y estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy mientras protestaba contra el Cierre de un Centro de Educación Integrada de Jóvenes y Adultos.

Vemos entonces, cómo se clarifica el panorama: el Gobierno Nacional no podrí­a llevar a cabo estas maniobras sin contar con el apoyo de rectores de muchas universidades, y también de lxs gobernadores aliadxs, algunxs de lxs cuales, todaví­a osan llamarse peronistas.

En Salta, hace dí­as atrás el Gobernador Urtubey fue sorprendido por un grupo de estudiantes que manifestaban por el recorte en el acceso al boleto estudiantil que fue disminuido a tan sólo cuatro boletos diarios, sin tener presente la situación de muchxs estudiantes que viven verdaderamente lejos de sus lugares de estudio.

Esta situación se suma al preocupante recorte en becas de estudio e investigación, especialmente en el Programa Progresar, que en los últimos años afrontó bajas masivas de beneficiarios. A su vez, es de público conocimiento el ajuste llevado a adelante en las becas CONICET y en los programas destinados a fortalecer la ciencia y la técnica nacional.

El macrismo hace uso de su poder económico y polí­ticos para enriquecerse haciendo negocios con el Estado. El ataque a las Universidades Públicas, en ese sentido es una forma de impulsar un modelo de paí­s dependiente de tecnologí­a extranjera e impedir el acceso pleno a ella por parte de quienes carecen de posibilidades de estudiar sino es a través de polí­ticas públicas como becas y planes sociales que impulsen la investigación y acercan a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad a la Universidad.

Este año se cumplen cien años de la reforma universitaria, y es necesario discutir los logros de la reforma, cuáles son las materias pendientes, las conquistas ganadas en los gobiernos populares y nuestro proyecto de universidad nacional y popular. Estas discusiones son la clave para construir la unidad que nos permita hacerle frente a las polí­ticas del Gobierno Nacional.

Ante el silencio de los medios de comunicación y de los principales actores de la educación superior, la única respuesta que nos queda, es difundir estas medidas desde la militancia y llamar la atención de la sociedad toda respecto de la difí­cil situación en la que están hoy por hoy las Universidades Públicas. Entendemos la especial importancia de tener al pueblo en la calle, movilizado como sucedió tantas veces en nuestra historia. En mayo del 2016 salimos a la calle para demostrarle a Macri que somos muchxs lxs argentinxs que no queremos un Estado precarizado y deseamos Universidades públicas, gratuitas y con presupuesto. Lo haremos nuevamente, todas las veces que sea necesario, exponiendo así­ quienes son aliados del movimiento estudiantil y quienes usan la Universidad para hacer negocios.

Comunicado de La Cámpora
El gobierno definió avanzar con otra de sus políticas de crueldad, exclusión e injusticia al despedir masivamente a trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias del Estado. Nos solidarizamos con cada uno de ellos y ellas y manifestamos nuestro acompañamiento a los sindicatos, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores y, por eso mismo, blanco sistemático de las operaciones de deslegitimación que llevan adelante el gobierno y los medios hegemónicos. Repudiamos especialmente el hostigamiento por parte de la Policía Federal a los delegados y delegadas gremiales.