Desde 2010, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar los micros para los alumnos. Así lo detalla la sentencia judicial en el EXP 32839/1 Juzgado CAyT Nº12: “La falta de Establecimientos educativos cercanos a las mentadas villas a menos de 10 cuadras -criterio que determina la prioridad de las vacantes- hace que estos deban trasladarse a escuelas lejanas a sus domicilios no pudiendo costear los gastos de transporte, dadas las condiciones económicas precarias en las que viven”. Pero este año han decidido no cumplir con esta obligación.
El bloque Unidad Ciudadana presentó esta semana en la Legislatura porteña más pedidos de informes por el ataque a la educación pública que atraviesan los vecinos de la Villa 31. Desde comienzo de año se han cerrado dos sedes de Plan Fines y continúa sin ninguna respuesta el pedido de establecimiento alternativo para que los alumnos de la Escuela Bandera Argentina -recientemente demolida por orden del Ejecutivo-, puedan ir a estudiar.
A pesar del progresivo retiro por parte del Estado de la ciudad de la Villa 31, los vecinos se siguen organizando para resistir estas decisiones políticas que solo buscan más desigualdad y exclusión.
