Reynaldo Bignone falleció hoy a sus 90 años. Fue el cuarto y último genocida-presidente de facto de nuestro país, entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, durante la dictadura cívico militar. Estuvo encargado de hacer el traspaso de los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín.
Antes de entregar el bastón de mando, intentó perpetuar la impunidad, ordenando destruir los archivos del terrorismo de Estado. A su vez, elaboró la “Ley de Pacificación Nacional” a partir de la que se pretendían declarar “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982ˮ. Es así como se promovía la amnistía motivando un discurso de reconciliación con la sociedad, discurso que vemos resurgir ahora que gobiernan los cómplices civiles de la dictadura cívico militar. La ley fue derogada al poco tiempo de asumir el presidente Alfonsín.
Bignone acumulaba 10 condenas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas a prisión perpetua. Se lo encontró culpable de secuestros y asesinatos en el centro clandestino de detención Campo de Mayo, donde el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación propuso instalar un Parque Nacional. También por los mismos delitos cometidos en el Colegio Militar y en el Hospital Posadas, dentro del cual funcionaba el Centro Clandestino de Detención ‘El Chalet’. A su vez, se lo condenó por apropiación sistemática de bebés. También se probó su participación en la coordinación con las cúpulas militares de las dictaduras de la región en el denominado Plan Cóndor.
Su primera sentencia por delitos de lesa humanidad ocurrió recién en el año 2010, luego de que Néstor Kirchner a través de la Ley 25779 anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; dado que había sido excluido del Juicio a las Juntas, junto con Augusto Hughes y Rubén Franco.
En el año 2006, estando ya detenido, se hizo pública una carta en la que el genocida instaba a los jóvenes a “terminar lo que nosotros no pudimosˮ, evidenciando el nulo arrepentimiento y el poder de daño que aún conservaba a pesar de la avanzada edad. Esto derivó en una denuncia penal por instigación y apología al delito.
Durante el juicio de Campo de Mayo de 2010 se destaca una frase de su declaración: “Acá no hubo más de ocho mil desaparecidos, cifra que no es superior a las cifras de la inseguridad actualˮ. Nunca se arrepintió, jamás brindó información sobre dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos, tampoco dio a conocer el paradero de los casi 400 hijos de víctimas del terrorismo de Estado que aún permanecen sin conocer su identidad. Sin embargo, el genocida tenía el privilegio de la prisión domiciliaria desde el 2016 y era parte del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, en el marco de la adaptación del Partido Judicial al Cambio de época.
