Política

Una cortina de humo

Mauricio Macri anunció una reducción de la plantilla jerárquica del Gobierno, congelamiento de salarios de funcionarios y la prohibición de contratar familiares. Las medidas tienen escasa relevancia práctica y buscan legitimar un profundo desmantelamiento del Estado.

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Desde antes de asumir, el Presidente venía sosteniendo que el Estado estaba sobredimensionado y funcionaba como un “aguantadero” (sic) de personas que no querían trabajar. Ese fue el pretexto para dejar en la calle a miles de trabajadores que hacía años cumplían funciones y eran necesarios en un Estado amplio que tuviera protagonismo en aquellas áreas donde el sector privado no busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A la par que hacía eso, impulsó un proceso de ampliación de la planta jerárquica gubernamental.

Desde que Cambiemos inició su gestión, se crearon cinco ministerios, dieciocho secretarías, cuarenta y nueve subsecretarías y ciento cuatro direcciones. Se cesantearon personas que cobraban entre quince y veinte mil pesos mensuales para incorporar cientos de personas con sueldos que oscilan entre los ciento cincuenta y los ciento ochenta mil pesos por mes. En términos presupuestarios, Macri agrandó las erogaciones salariales del Estado.

El 25 por ciento de la planta estatal que plantea recortar como gesto de austeridad es la misma que él creó, sin devolver los cuantiosos salarios que los nuevos funcionarios percibieron durante dos años. Con este pretexto pretende justificar la ola de despidos que se produjeron en áreas vitales del Estado en este 2018, como los 254 trabajadores del INTI; 45 de la Secretaría de Comercio; 250 de Fabricaciones Militares; 200 del Yacimiento Carbonífero Río Turbio; 122 del hospital Posadas; 34 de Depor TV, Paka Paka y Encuentro; 180 de la TDA; 130 del Senasa y 64 del Ministerio de Cultura. Detrás de esta cortina de humo se busca habilitar al sector privado a que haga lo propio mientras se desmantela el Estado en una cesión de soberanía ruinosa para el país, en una deliberada intención de correr al Estado de su rol estratégico en materia económica, fitosanitaria, satelital y energética entre otras cuestiones.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo Nacional quiere mostrar empatía congelando salarios de los funcionarios. Sin embargo, si realmente quisieran compartir esfuerzos, en vez de ponerle un techo a los $180.000 que cobran los ministros, podrían pagarles los $17.188 promedio que cobra un docente con el aumento del 15 por ciento que ofrecerán en las negociaciones paritarias de este año. Nadie discute que los funcionarios nacionales deben ser bien remunerados, pero es inadmisible que cobrando sueldos sensiblemente mayores a la inmensa mayoría de los argentinos hagan esta puesta en escena para exigirles a quienes no están llegando a pagar la luz o el alquiler a fin de mes a que se resignen a vivir por debajo de las condiciones mínimas de dignidad.

La estocada final a estas medidas de marketing estuvo dada por el decreto que prohíbe a familiares de funcionarios ocupar cargos en el Estado. Si un familiar es de confianza del titular de un área e idóneo para la tarea, no debería ser un obstáculo la consanguineidad. El problema radica cuando, por ejemplo, Jorge Triaca interviene un sindicato y allí nombra a decenas de familiares, amigos y empleados de su vida privada para garantizarles un sueldo. La solución no era este decreto demagógico, sino la remoción de un Ministro impresentable como es el caso de quien conduce la cartera laboral.

Este falso combate al nepotismo no se vio cuando Macri autorizó, violando la voluntad del Congreso, a familiares suyos y de otros funcionarios a blanquear dinero, cuando se auto condonó la deuda del correo, aumentó el valor de los peajes en aquellas autopistas donde él tenía acciones, cuando el Secretario de Comercio favorece a su familiar dueño de La Anónima con las cuotas Hilton, el Ministro de Energía prioriza a la petrolera de la que fue ceo y accionista con licitaciones, se modifica la política aeronáutica en beneficio de una aerolínea vinculada al Vicejefe de Gabinete, el Ministro de Finanzas fija el valor de los contratos a futuro de los cuales su firma es acreedora, o el mismo Ministro disponga que las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tengan como intermediaria a la firma que él fundó.

Este combo de medidas marketineras de nulos efectos prácticos tienen el objetivo de desviar la atención y justificar un desmantelamiento del Estado que le permita a los funcionarios y sus socios definir el destino del país en función de sus negocios personales condenando a millones a la miseria y la indignidad.

Patria Grande

La Cámpora dialogó con la Presidenta de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.

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