A partir del 2018 la Ciudad de Buenos Aires dejó de contar con las dos únicas sedes fijas donde psicólogas/os y médicas/os brindaban asesoramiento integral sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y vih/sida; entregaban métodos anticonceptivos (orales e inyectables, pastillas de emergencia y preservativos); realizaban test de embarazo; y asesoraban en temas de violencia de género, aborto, diversidad sexual, placer y demás temas relacionados a la salud integral de las usuarias y usuarios. Funcionaban en Plaza Houssay, (Recoleta) y Villa 20 (Lugano) y dependí­an de la Dirección General de Polí­ticas de Juventud del gobierno porteño. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana Victoria Montenegro, elevó un pedido de informe al gobierno de la Ciudad por el desmantelamiento de las unidades.

El Estado debe garantizar derechos sexuales y reproductivos a la población, intervenir cuando terceros los violen y promover las condiciones para su pleno ejercicio en materia de violencia, de libertad de expresión, de decisiones reproductivas, de salud integral y de prácticas sexuales responsables, placenteras y saludables.

En relación con los derechos reproductivos y sexuales, diversas normativas reivindican la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante, saludable y sin coerción, así­ como prevenir embarazos no planificados. En Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable creado por la Ley Nacional Nº 25.673, reconoce que el Derecho a la Salud de los adolescentes comprende la Salud Sexual. Además, entre los años 2003 y 2015, se sancionaron otras leyes del mismo ámbito como la Ley del Programa nacional de Educación Sexual Integral (N ° 26.150), que establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privadaˮ, así­ como la Ley de Matrimonio Igualitario (N ° 26.618) y la Ley de Identidad de Género (N ° 26.743).

En nuestro paí­s, la tasa de mortalidad materna es considerada muy alta, siendo el aborto inseguro una de sus primeras causas (se hacen unos 500.000 abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas). Según los datos del sistema informático perinatal, el 58% de las mujeres que llegan a la situación de parto manifiestan no haber planificado ese embarazo.

A su vez, el Boletí­n sobre el VIH-sida e ITS indica que en nuestro paí­s viven alrededor de 120 mil personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su situación. Parte de este 30% son adolescentes que se encuentran en los primeros años de su vida sexual activa.

En la misma lí­nea, de acuerdo al boletí­n estadí­stico sanitario, se observa en la Ciudad de Buenos Aires en el 2017 un aumento de las notificaciones de infecciones de transmisión sexual en comparación con el año anterior. Por ejemplo los casos de Hepatitis C han aumentado un 45%, los de sí­filis en mujeres un 14%, sí­filis en embarazadas un 52% y los de sí­filis congénita un 33%.

Según datos de la Dirección General de Estadí­sticas y Censos, la situación en las comunas de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la tasa global de fecundidad (número de hijos que en promedio tendrí­a cada mujer), presenta diferencias en su interior: las comunas de la Zona Sur, muestran un calendario más joven y una fecundidad más alta, mientras que en la Zona Norte es lo opuesto: fecundidad más tardí­a y por lo tanto menor cantidad de hijos. Situación que pone al descubierto una vez más las profundas inequidades en el acceso a servicios de salud.

Es por todo esto que en lugar de cerrar consejerí­as donde puedan revertirse estas cifras, deberí­an multiplicarlas a los fines de hacer más accesibles a la población más vulnerada los recursos necesarios para vivir una sexualidad plena, segura y con paternidades y maternidades planificadas. De este modo serí­a posible garantizar una educación integral en materia de sexualidad, género y derechos. Cerrar las consejerí­as fijas en Salud Sexual y Reproductiva del Programa Chautabú, viola derechos elementales a nuestros y nuestras compatriotas.

Este recorte en materia de salud sexual y reproductiva sigue la lí­nea general de un gobierno que ajusta a los sectores más vulnerados. Las y los jóvenes que se verán afectados por este cierre son los mismos que se ven perjudicados por el desmantelamiento del Progresar y por el aumento de la violencia institucional en los barrios más postergados. Los mismos jóvenes que ven cerrarse sus oportunidades de desarrollo y crecimiento en un proyecto de paí­s que los excluye y criminaliza.