*Por Carlos Pagni

Los jueces ignoran casi todos los códigos para poner presa a la gente y que no los miremos a ellos.

A continuación, los principales conceptos:

Estamos en estos dí­as ante un simulacro de Lava Jato o de Manipulite. Lamentablemente un simulacro de purificación de la vida pública y de la polí­tica, que es muy verosí­mil porque se realiza metiendo tras las rejas a gente que probablemente deberí­a estar, después de un proceso correcto, detrás de las rejas.

Hemos visto hace dos semanas a  Julio De Vido  entrando a la cárcel. Y ahora vimos de una forma más teatral, con una filtración aparentemente deliberada, cómo llevaban preso a  Amado Boudou  .

Se trata de prisiones preventivas, que quiere decir que por ahora De Vido y Boudou, igual que casi todos los funcionarios del anterior Gobierno que están tras las rejas, son tenidos por inocentes porque a nadie se le terminó de probar en un juico oral y público cuál es el delito o cuál es la culpa.

De Vido y Boudou están presos por una doctrina establecida legalmente por la jurisprudencia que, dado el poder que tuvieron por haber sido funcionarios, podrí­an alterar las pruebas que servirí­an después en un juicio para condenarlos

Boudou va preso por enriquecimiento ilí­cito. Curiosamente a la Justicia no se le ocurrió que estaba en mejores condiciones para alterar la prueba cuando tení­a el poder, cuando era vicepresidente.

De Vido va preso en una causa por unos manejos escandalosos de yacimientos de Rí­o Turbio y por las importaciones de gas licuado. La pericia en la que se basa el juez  Claudio Bonadio  para mandarlo preso y para presumir que hay una culpabilidad, ha sido objetada unánimemente por todos los expertos en el mercado de gas, incluso los que detestan la polí­tica que ha llevado De Vido en esa materia.

Son prisiones preventivas sostenidas con alambre. Lo curioso es que con este criterio deberí­an ir presos muchos funcionarios actuales.

Es decir, el ingeniero  Juan José Aranguren  , ministro de Energí­a, que tiene varias causas judiciales -una de ellas iniciada por  Elisa Carrió  – ¿no está en mayores condiciones que De Vido para modificar las pruebas que podrí­an condenarlo?

¿No pasarí­a lo mismo con  Luis Caputo  , ministro de Finanzas, que también fue acusado por beneficiar con fondos de la Anses un fondo que él manejaba?

Lo mismo aplica para cuando  Mauricio Macri  era jefe de Gobierno y comandaba la Policí­a Metropolitana. ¿No estaba en condiciones de alterar las pruebas que podrí­an haberlo condenado por espionaje ilegal? Por supuesto que sí­.

Se ha abierto un antecedente riesgosí­simo para cualquiera que haya ejercido la función pública pero, sobre todo, para quienes la están ejerciendo porque, con el criterio con el que terminaron presos De Vido y Boudou, podrí­an terminar presos en este momentos todos aquellos que, por ser funcionarios, tienen un poder enorme para alterar las pruebas que están bajo su órbita de actuación.

Es un cuchillo peligroso. Un arma de doble filo la que ha establecido la jurisprudencia.

¿Por qué hay este apresuramiento para violar reglas y beneficiar a gente que si se cumplieran las reglas probablemente irí­a presa? Hay que ver quiénes toman esas determinaciones.

El juez  Ariel Lijo  , que es quien manda preso a Boudou y quien tendrí­a la responsabilidad de que no se filtre la filmación a Boudou, está cada vez más acorralado por lo que está sucediendo con la investigación del camarista  Eduardo Freiler  .

Freiler está siendo sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura, en el que fue a declarar la ex cuñada del juez Lijo Carla Marí­a Lago y que dijo que era socia de Freiler en una financiera porque su ex marido, el abogado Alfredo Lijo, la obligó a firmar unos papeles que ella ni siquiera leyó.

Además dijo que su ex marido es socio de Freiler en un balneario en Necochea que se llama Palmeras del Este y que Freiler no declaró.

Pero señaló que su ex cuñado, es decir Lijo, es socio de su hermano en Aras la Generación, un lugar muy lujoso en Dolores.

Esta afición por los caballos y también por los relojes hace que a los hermanos Lijo en los tribunales se los llame “los hermanos lujo”.

Esta investigación ha hecho que en el Consejo de la Magistratura se planteen que vaya a declarar Lijo.

Darí­a la impresión de que hay un juez en problemas, que tiene que sobreactuar la prisión, el castigo preventivo sobre alguien que todo el mundo, o buena parte de la sociedad argentina, ha condenado por su conducta como vicepresidente: Boudou.

Los jueces usan a los corruptos kircheristas para salvaguardarse de su presunta corrupción.

Esto es un sistema que esta simbolizado en Lijo, antes estuvo en  Norberto Oyarbide  y abarca a casi todo Comodoro Py, que es la responsable de investigar y sancionar la corrupción de los funcionarios.

Ahora tenemos un concurso en la Justicia Federal de la Capital Federal. Hay que cubrir la vacante que dejó Oyarbide. El candidato predilecto de Comodoro Py se llama Tomás Rodrí­guez Ponte, uno de los secretarios de Lijo, a quien  Ricardo Lorenzetti  le dio el manejo de las escuchas telefónicas que están bajo la jurisdicción de la Corte Suprema.

También debe ser cubierto el juzgado federal de Hurlingham, que tiene como candidato a Diego Arce, otro secretario de Lijo. Debajo de Arce hay una abogada que se llama Ana Marí­a Juan, secretaria de Freiler en la Cámara Federal y es la esposa del juezMarcelo Martí­nez de Giorgi  .

Estamos viendo cómo funciona eso que se llama familia judicial. Jueces que se aferran al cargo, tratan de salvarse del escrutinio de la opinión pública y del Consejo de la Magistratura, tomando como ví­ctimas a gente que obviamente la opinión pública quiere ver presa.

Carrió este viernes en el Foro Iberoamérica dijo que no es que hay negligencia de la Justicia para investigar la corrupción, sino que lo que sucede en la Argentina es mucho más grave. El sistema jurí­dico penal que investigan los jueces, en vez de investigarlo se convierte en un seguro para que la corrupción quede impune. Son parte del fenómeno. Son necesarios para que esto siga sucediendo.

Obviamente todo el mundo se ha dado cuenta porque ya llama más la atención la impunidad que la corrupción. Ahora los que están en la mira son los jueces porque ignoran casi los códigos para poner presa a la gente y que no los miremos a ellos.

Armaron la Asociación de Jueces Federales, coordinada por Lijo, e hicieron un seminario con  Germán Garavano, ministro de Justicia . No sabemos si la polí­tica de Macri es Garavano convalidando a esos jueces o Carrió diciendo que son condición indispensable para ese problema.

En este tema Macri no contesta por ahora.

Las reglas y las garantí­as, que se inventaron para gente a la que uno querrí­a ver presa, como De Vido o como Boudou, en este caso no se están aplicando porque los jueces no las pueden aplicar en defensa propia.

Publicado en  La Nación