Política

Que desalojar a comunidades indígenas no sea ley

Por Asunción Ayllapán*

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Nuestra coyuntura nacional viene sumando una gran cantidad de derechos adquiridos que se encuentran en el foco del peligro. Los pueblos originarios como parte sustancial del pueblo argentino no escapan de las políticas de ajuste, represión, invisibilización y miseria, como parte de una política de estigmatización que lleva adelante el Presidente de la Nación y sus ministros en sus respectivas carteleras hacia los pueblos originarios .

Hoy peligra la continuidad de una ley que es vital para el respeto hacia la preexistencia de nuestras comunidades: la ley 26.160 que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” .

Esto significa que esta ley ordena que se lleve adelante el Relevamiento Territorial de todas las comunidades de pueblos originarios del país y prohibe sus desalojos. Si, prohibe su desalojo. Y decimos peligra porque el 23 de noviembre del corriente año esta ley vence y es necesario que se prorrogue como en años anteriores, para que tenga continuidad una política de Estado sostenida por las organizaciones indígenas y sus comunidades, una decisión política que fue bandera del proyecto de país encabezado por Néstor y Cristina, el cual comenzaba a avanzar en contemplar a las comunidades originarias como parte de la agenda política nacional.

En la actualidad existen cerca de 1500 comunidades indígenas en todo el territorio nacional, con más de 34 pueblos originarios que hablan 14 idiomas. La ley 26.160 es necesaria no sólo porque implica mantener y respetar a las comunidades organizadas en sus territorios, constituyendo además un paso previo positivo muy importante para que puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, si no porque hasta la fecha solo se ha logrado relevar la mitad del total de comunidades, ya que el relevamiento territorial no se está ejecutando completamente como debería, desde la asunción de Mauricio Macri al gobierno.

¿Y qué puede pasar si no se renueva la ley?

Los terratenientes avanzan. Con el poder judicial hacia los juicios que tienen contra las comunidades, ya que éstas se quedarían sin ningún tipo de paraguas legal que las resguarde. Avanzarían con la fuerza represiva y los desalojos.

Lo que exigen las comunidades, sus autoridades y organizaciones es que esta ley pueda ser prorrogada hasta el año 2021. Hasta la fecha el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el encargado de ejecutar el relevamiento territorial. La pregunta es: ¿el Congreso estará a la altura de prorrogar la ley para que el relevamiento continue?

Hoy los pueblos indígenas están siendo un obstáculo y el nuevo blanco de este gobierno, las últimas semanas pudimos observar que el rol de los medios de comunicación ha sido impulsar agendas informativas plagadas de desconocimiento y racismo hacia nuestros pueblos, medios informativos que vienen expresando los intereses de un puñado económico de las élites políticas y económicas, en clara oposición del derecho de los pueblos indígenas que durante años vienen exigiendo el reconocimiento legal de sus territorios.
Esta ley era el pie de inicio.

Porque no queremos una Argentina excluyente y sin historia: prórroga de la ley 26.160 ya.

*Militante del Frente Rural de La Cámpora

Jujuy

Organizaciones de Derechos Humanos, sociales, gremiales y políticas, junto a diputados y concejales de distintos sectores, denunciaron hoy en conferencia de prensa un nuevo caso de hostigamiento policial contra militantes del Frente Unidad Ciudadana de Jujuy, sucedido en la madrugada del 11 de diciembre, e hicieron responsable de ello al gobierno de Gerardo Morales.

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