Economía

La transparencia cada vez más oscura

Se conocieron los nombres de familiares de funcionaros que participaron del blanqueo de capitales, con sumas millonarias de dinero cuyo origen nadie justifica. El Gobierno no brinda explicaciones.

blanqueo

Una de las tantas promesas electorales incumplidas por la administración de Mauricio Macri es la de la transparencia en la gestión pública. La decisión de Mario Quintana y Luis Caputto de fijar el precio de referencia en el Rofex de los dólares a futuro cuando previamente habían comprado contratos por sumas millonarias, las acciones de Shell en manos de Juan José Aranguren, la venta de la participación que Macri tenía en autopistas del Sol luego de subir abruptamente el precio de los peajes empujando sus acciones al alza, la no incorporación en la declaración jurada del Presidente de un lote valuado en $900 millones, la condonación de $70.000 millones al correo en manos del Grupo Macri, o el fideicomiso ciego que no es tan fideicomiso y mucho menos ciego son algunos de los antecedentes de la escasa transparencia en el actual Gobierno.

Sin embargo, la utilización del Estado para provecho individual de los funcionarios se conoció en estos días cuando se hizo público el nombre de algunas personas que ingresaron al blanqueo de capitales. A instancias del Ejecutivo y con apoyo de un sector de la oposición, el año pasado se aprobó una ley ómnibus que incluyó la mal llamada reparación histórica, la eliminación de impuestos progresivos y el blanqueo de capitales del cual estaban excluidos los familiares de funcionarios.

En un acto abiertamente contradictorio con la Constitución, Macri autorizó el blanqueo de familiares en la reglamentación de la norma. En ese momento se supo lo que muchos suponían: el registro de capitales de condiciones irritantemente beneficiosas para los evasores estaba hecho a la medida de algunos. Ahora se supo de quiénes.

El diario Página 12 dio a los nombres de algunos de los participantes del blanqueo. Está el empresario Marcelo Mindin quien blanqueó una suma equivalente a los U$S44 millones, cifra curiosamente similar al valor por el cual supuestamente compró la constructora IECSA, que en los papeles figuraba a nombre del primo del Presidente pero sobre la cual éste tenía un crédito prendario. También pudieron declarar activos el hermano del Jefe de Estado, Gianfranco Macri, por $662 millones. Nicolás Caputo, amigo de toda la vida del Primer Mandatario y principal contratista de la Ciudad en los ocho años de gestión del Presidente, blanqueó $465 millones. Alejandro Jaime Peña Braun, primo del Jefe de Gabinete, sinceró unos $109 millones. Lucio Torino Ortiz, cuñado del Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas (uno de los artífices del acuerdo con el correo y el fideicomiso no tan ciego), blanqueó $353 millones.

Cuando se realiza un blanqueo de capitales se excluye a los familiares de funcionarios públicos. Es una forma de evitar que si alguien que tiene una responsabilidad pública cometió un ilícito, pueda eludir su responsabilidad declarando el dinero a través de un testaferro. Cambiemos no sólo no quiso dotar de transparencia al blanqueo con esta cláusula, sino que cuando no le quedó más opción que admitirla por insistencia de buena parte del cuerpo legislativo, la modificó posteriormente por decreto. El blanqueo tenía apellidos. Ahora se sabe que son los de Macri, Peña Braun y Clusellas.

No sólo se está frente a un posible hecho de corrupción y utilización del Estado para lavar dinero, sino que el Gobierno de la transparencia no cree importante dar explicaciones. Suelen jactarse del diálogo y su vínculo con la prensa, pero sobre este hecho, y otros tantos de suma envergadura, predomina un rotundo silencio oficial. Más aún, el único trascendido que hubo es que la AFIP va a averiguar cómo se filtró la información. No les interesa dar explicaciones. No es su voluntad predicar con el ejemplo. Sólo quieren seguir haciendo negocios para ellos mismos y evitar que la ciudadanía pueda enterarse.

Jujuy

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