La sentencia del juez Sergio Moro contra Lula es arbitraria, ilegal y sin precedentes. Carente de toda prueba respaldatoria, se monta en la palabra de criminales confesos que negociaron sus dichos, para condenar a 9 años de prisión y 19 años de inhabilitación política, en caso de ser confirmada en segunda instancia por la Cámara de Poto Alegre, al líder y fundador del Partido de los Trabajadores.
Así las cosas, el fallo es la continuidad del golpe institucional, de aquel proceso destituyente iniciado el mismo día en que Dilma Rousseff fue re-electa por el voto de más de 54 millones de brasileños y que culminó con su destitución, y la conformación de un gobierno representante de los intereses de los oligopolios mediáticos, los grandes grupos económicos nacionales, la banca transnacional, y parte de las elites políticas y judiciales tradicionales.
En ese sentido, el dictamen no llega en cualquier momento. Mientras Michel Temer enfrenta una denuncia de corrupción por un escándalo de sobornos que podría dejarlo fuera de la presidencia, el Senado brasileño aprobó el martes, una vergonzosa reforma laboral que aumenta la jornada laboral, avanza en la terciarización y desarticula el poder de negociación de los sindicatos. La embestida contra los derechos laborales, económicos y sociales y la sentencia contra Lula son parte del mismo proceso: la consolidación de un modelo de exclusión social, destrucción productiva, represión política, y subordinación internacional.
Este nuevo episodio de persecución judicial y mediática contra Lula se enmarca así dentro de la ofensiva conservadora regional que busca proscribir a los principales líderes populares como parte de un intento desesperado y antidemocrático por impedir una nueva oleada de los procesos de cambio antineoliberales en América Latina.
Lula fue el principal artífice del proceso de crecimiento económico, reducción de la desigualdad, inclusión social, generación de empleo y defensa de los recursos naturales con el que 29 millones de brasileños salieron de la pobreza, y las mayorías se sintieron contenidas, escuchadas y representadas por aquel tornero mecánico y dirigente sindical, proveniente del nordeste de Brasil, que fue vendedor ambulante y lustrabotas en su juventud, y que actualmente encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.
El fallo, entonces, cercena la democracia y busca dirimir a través de decisiones del poder judicial, disputas de índole política que deber ser definidas a través del veredicto de las urnas, en el que la voluntad de las mayorías debe respetarse.
Frente a este nuevo atropello, la presión popular local, regional e internacional debe hacerse oír y es cada vez más imperativa la organización continental para hacer frente al avance de la derecha y su voracidad depredadora.
Repudiamos el fallo arbitrario contra el compañero Lula da Silva y el avance antidemocrático en toda la región.
Secretaria de Política Internacional
