Política

Se hace costumbre la designación de jueces por decreto

Con el recuerdo aún latente del intento del Presidente queriendo designar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, hoy se publica en el Boletín Oficial la decisión de Macri de designar en la Cámara Federal de Casación Penal al ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.

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En un nuevo atropello a las instituciones y a la división de poderes, Macri y Garavano designaron a Carlos Mahíques como integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Mahíques es el padre de Juan Bautista Mahíques, viceministro de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Asimismo, fue durante algunos meses el Ministro de Justicia de María Eugenia Vidal que tenía a su cargo el servicio penitenciario bonaerense cuando se fugaron los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez.

Cuando se deben cubrir vacantes definitivas en un juzgado, tribunal o cámara federal, el procedimiento es claro. El Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de Selección, convoca a concurso de oposición y antecedentes. Los postulantes rinden un examen y en virtud de los resultados se confecciona un orden de mérito. En función de los cargos a cubrir, se selecciona a algunos de quienes rindieron (respetando el orden) para realizar entrevistas personales. Culminadas aquellas, el vocal que tenía a su cargo el concurso establece la terna final que puede no coincidir con los primeros tres lugares del anterior orden de mérito a partir de la evaluación que hizo de las entrevistas. Entonces, se propone un dictamen (otro vocal puede proponer otro distinto) y se llevan los dictámenes al plenario del Consejo. El dictamen que se apruebe será la terna que se enviará al Presidente de la Nación.

De esos tres candidatos, el Jefe de Estado debe elegir uno y solicitarle al Senado que preste su acuerdo. En resumida síntesis, ese es el proceso para cubrir una vacante como la que había en la Sala II de Casación Penal que nace al calor de la creación del Consejo de la Magistratura en 1994 para hacer más transparentes, democráticos y consensuados los nombramientos, a diferencia de una decisión unilateral del Ejecutivo.

Hace cuatro años está abierto un concurso para cubrir las vacantes de esa Cámara. Sin embargo, Carlos Mahíques decidió no participar del mismo. Amparándose en que él había recibido acuerdo de la Cámara Alta hace varios años, pidió el traslado a la Sala II de Casación Penal que es la que tiene en estudio causas como los sobornos pagados por Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento del cual también participa IECSA, firma que estuvo en manos de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.

El Consejo de la Magistratura, donde Cambiemos tiene mayoría porque de forma ilegal su diputado Pablo Tonelli usurpó una banca que le correspondía al Frente para la Victoria, decidió ignorar el procedimiento descripto más arriba y se limitó a consultar a la Cámara de Casación Penal. Ésta rechazó la incorporación de Mahíques en estas condiciones. El Consejo desoyó esa opinión e igualmente dio el visto bueno al traslado, que se materializó hoy con el decreto firmado por Macri y Garavano.

Mahíques no rindió el examen y pasó por alto el concurso existente. El Consejo no pidió opinión a la Cámara de la cual proviene el juez, no consideró que está promoviendo un traslado irregular donde un funcionario pasará de la justicia ordinaria al fuero federal, y de tener jurisdicción en Capital Federal a tenerla en todo el país. El Presidente de la Nación no tuvo inconveniente en aceptar todas estas irregularidades y decidió pasar por alto al Senado de la Nación.

Una vez más Macri muestra que lejos de querer una justicia independiente, quiere un poder judicial completamente subordinado a sus intereses y necesidades, sin molestarse siquiera en guardar las apariencias. Violando la legalidad del proceso de selección de jueces, Macri desnuda su desprecio por las instituciones que tanto decía defender.

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