El 16 de abril de 2012, la entonces Presidenta de la Nación decretó la intervención de YPF y envió al Congreso un proyecto proponiendo la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera.
El Congreso nacional convirtió en ley esa expropiación el 3 de mayo de 2012, tras dos jornadas de debate en la Cámara baja, en la que hubo encendidos discursos a favor y en contra de la medida. La votación, que confirmó lo sancionado por el Senado, fue de 207 votos por la afirmativa y 32 en contra.
Así, el Estado argentino recuperó el control de la petrolera 13 años después de que el Gobierno de Carlos Menem la privatizara, para transferirla a la española Repsol.
