Política

Un procurador para los negocios familiares

Mauricio Macri nombró como Procurador del Tesoro a un ex abogado de su grupo empresario. Es el eslabón final para resolver los conflictos de intereses: sólo estará el interés de los Macri y ya no el del Estado.

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Según los funcionarios del Ejecutivo, el desplazamiento de Carlos Balbín, originalmente apadrinado por Daniel Angelici, obedece a su falta de compromiso para defender al Gobierno. Hay que creerles. Porque el Procurador del Tesoro debe defender al Estado. Uno tiende a suponer que los intereses del Gobierno y del Estado son los mismos o van en la misma dirección. Pero desde el 10 de diciembre de 2015 se da la situación de que los intereses del gobierno son antagónicos a los estatales. Y si Balbín tenía intenciones de cumplir su trabajo, claramente iba a chocar con los objetivos gubernamentales que no son otros que hacer negocios para unos pocos.

El ahora ex funcionario tuvo una prórroga de la agonía en las funciones merced a un pedido de la diputada Elisa Carrió que obligó a Marcos Peña a realizar un montaje comunicativo de respaldo que se sabía era de exigua duración. Entre otras causas le machacan su poco compromiso con la Administración en relación al pago a los fondos buitre y los tarifazos. El compromiso o no con la gestión será tema del periodismo de la trastienda política. Lo cierto es que esas dos medidas eran indefendibles desde el interés del Estado.

Pero lo que más molestó al Presidente fue lo ocurrido con el correo. Se sabe que a partir del escandaloso acuerdo, Balbín ordenó una auditoría sobre toda la participación del Estado en ese proceso y era un secreto a voces que el resultado de la misma iba a ser negativa, de reproche a la intervención estatal. Mejor prevenir que curar. Echaron a Balbín antes de que ese informe viera la luz.

Lo reemplaza Bernardo Saravia Fría, ex abogado de un estudio que entre otras cosas defendió al grupo Macri. El ex abogado de los Macri deberá auditar al Estado para analizar si veló por sus intereses en un conflicto con los Macri. Su designación es un conflicto de intereses en sí mismo.

Con este nombramiento cierra la grotesca pantomima que está haciendo el Gobierno respecto a la transparencia. La ley de ética pública es clara y concisa en relación a las incompatibilidades. Lo que es más claro aún es que en este Gobierno están plagados de incompatibilidades, y como igual deciden avanzar, aparece lo que simpáticamente se llama conflictos de intereses que no es otra cosa que actos de corrupción. Pero necesitan legitimar esos actos y hacer creer que no se extralimitan del marco de legalidad.

Por eso propusieron un mecanismo de resolución de conflictos de intereses. ¿Para que lo discuta y vote el Parlamento? No, por decreto. Ese mecanismo importa un dictamen de las imparciales e independientes Procuración del Tesoro y Oficina Anticorrupción. Con la llegada de Saravia Fría, Macri cierra el círculo. Además de garantizarse nulas críticas a la capitulación estatal con su empresa por el tema del correo, se asegura que así sea de acá en adelante: el procedimiento ideado por él para analizar incompatibilidades será resuelto por su fervorosa militante Laura Alonso y su abogado Saravia Fría.

El Estado ahora existe para darle un reaseguro a los negocios privados del Presidente.

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