Aunque en campaña prometí­an que los argentinos no iban a perder derechos, uno podí­a imaginarse por la historia y las escuelas de pensamiento a la que suscriben el Presidente y sus principales colaboradores que eso era una mentira más.

En materia de condiciones laborales se vio de forma muy ní­tida esa estafa electoral. La pérdida de poder adquisitivo estuvo acompañada de un techo a las paritarias plagado de amenazas y extorsiones a quienes lo perforaran. El Gobierno lideró la ola de despidos con trabajadores estatales y luego dio ví­a libre a que el sector privado hiciera lo mismo. El Ministerio de Trabajo se transformó en una instancia burocrática de convalidación de los actos empresariales más que en una institución gubernamental que tuviera como meta ayudar a resolver los conflictos cuidando los puestos de trabajo.

No conforme con lo anterior, Jorge Triaca fue la voz cantante del pedido de realizar paritarias por empresa en vez de por sector, y ponderando más la productividad declarada que la inflación. Estos serí­an los mecanismos para atomizar la organización obrera y cargar sobre los trabajadores el costo del ajuste.

Para dar un paso más y con la complicidad de la “oposición dialoguistaˮ para conseguir dictamen de mayorí­a en comisión y quórum en el plenario de la cámara, sancionaron la reforma de la ley de ART que implica una nueva pérdida de derechos para los trabajadores en beneficio de las aseguradoras.

Ahora, el Ministro de la Importación, Francisco Cabrera, junto a sus pares de Deshacienda y Desempleo (Dujovne y Triaca) anunciaron medidas para el sector textil y del calzado. Es uno de los rubros más afectados por la caí­da del consumo y la entrada de productos extranjeros. Se estima que están trabajando un 30% por debajo de lo que lo hací­an en 2015 y que se perdieron 20.000 puestos de trabajo.

La solución para el sector serí­a frenar la apertura indiscriminada de importaciones, revisar los tarifazos en los servicios públicos, retomar la ayuda de las Repro y ofrecer créditos a tasas accesibles, todo esto en un contexto donde deberí­a corregirse el rumbo económico para incentivar la demanda.

Nada de esto propone el Gobierno. Su oferta es reducir las contribuciones patronales. Como polí­tica para registrar trabajadores informales, podrí­a aceptarse una reducción de ese impuesto porque es dinero que el fisco no estaba cobrando. Como medida ante una crisis, es completamente ineficaz.

Reducir las contribuciones patronales que ya se estaban pagando afecta la recaudación del Estado (afectarí­a los cálculos de la movilidad jubilatoria y de la AUH, y empujarí­a a subir el déficit fiscal) y perjudica la seguridad social de los trabajadores, en tanto que en poco ayudarí­a a reactivar el sector.

Esta polí­tica ya fue aplicada en la década del 90 y sólo provocó una suba del desempleo y una transferencia de riqueza de los trabajadores hacia el empresariado. El problema no es la cuestión tributaria. Son las polí­ticas macroeconómicas. Si hubiera consumo, si hubiera financiamiento y si se cuidara la producción local no existirí­an estos problemas.