Durante la reunión, especialistas y referentes de la comunidad inmigrante expusieron sus testimonios contra la reforma de la norma, que busca facilitar las deportaciones y criminalizar la inmigración.
En la reunión estuvo presente el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, quien defendió los cambios y alegó que limitar el ingreso de extranjeros “no significa ser xenófobosˮ; Así mismo aseguró que “hay un problema de celeridad en el tema de las expulsionesˮ, de los inmigrantes acusados de haber cometido delitos.
Por su parte, Diego Morales, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Mariela Belski, de Amnistía Internacional, denunciaron que la complejidad de la problemática requiere su tratamiento sobre tablas y no por medio de un DNU.
“Se está presentando que hay un problema serio de seguridad y la herramienta que se utilizó es un decreto de necesidad y urgencia, pero no existen razones de urgencia y necesidadˮ. Ante lo cual “presentan datos sacados de contextosˮ, afirmó Morales.
Mientras tanto, Ana Paula Penchaszadeh, quien pertenece al Instituto Gino Germani dependiente de la Universidad de Buenos Aires aseveró que el DNU es “inconstitucionalˮ, porque “avanza sobre cuestiones penales, es mentira que es una modificación parcialˮ. “El DNU confunde delito con irregularidad migratoriaˮ, agregó Penchaszadeh.
También estuvieron presentes los compañeros de la organización, Marcos Cleri, Diputado nacional y Diego Mansilla, Parlamentario del Mercosur.
El decreto N °70 fue publicado el 30 de enero pasado en el Boletín Oficial en la búsqueda de endurecer las restricciones migratorias. En ese sentido, en uno de sus puntos habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a expulsar del país a todo aquel residente condenado, aun cuando dicha sentencia no se encuentre firme.
Tal como plantearon los distintos referentes de los Colectivos de Inmigrantes durante la reunión de la Bicameral, el objetivo del decreto es criminalizar a quienes llegan a nuestro país en busca de presente y un futuro mejor.
Tal como plantearon distintos referentes de los colectivos inmigrantes en la Comisión, el objetivo del decreto es claro: criminalizar a quienes llegan a nuestro país en busca de un futuro. A su vez, se coloca a los ciudadanos provenientes de otros países de la región -principalmente limítrofes- en la mira de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, una de las principales promesas de campaña del gobierno de Cambiemos.
Desde La Cámpora defendemos el derecho de todos los hombres del mundo de habitar en el
suelo argentino, tal como está plasmado en nuestra Constitución Nacional y repudiamos el intento de la derecha de criminalizar la pobreza y la inmigración. Migrar no es delito.
