Amnistí­a Internacional manifestó su preocupación por la modificación por decreto de la polí­tica migratoria y alertó sobre su impacto en materia de derechos humanos. “Esta polí­tica restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentariaˮ, afirmó su directora, Mariela Belski. El organismo rechazó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien “de manera discriminatoria y generalizada vinculó a la población migrante de origen boliviano, peruano y paraguayo con la droga y el narcotráficoˮ, y marcó la contradicción de las decisiones del gobierno de Mauricio Macri con el compromiso de eliminar polí­ticas migratorias discriminatorias suscripto por Cancillerí­a en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Alarma a la organización internacional el establecimiento de una polí­tica regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el paí­s, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantí­as procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentinaˮ, señaló Amnistí­a en un comunicado. Recordó que, si bien los Estados se reservan la potestad de decidir su polí­tica migratoria, “no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanosˮ.

“Reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un errorˮ, afirmó Amnistí­a, cuyos representantes se reunieron dí­as atrás con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y le manifestaron su preocupación ante una reforma que “desde su origen resulta inconstitucionalˮ. También les enviaron cartas a los embajadores de Bolivia, Perú y Paraguay por las declaraciones de Bullrich, quien interpretó estadí­sticas a piacere para criminalizar a personas migrantes.

“A diferencia de la legitimidad conquistada por la Ley de Migraciones, que atravesó un amplio debate y tuvo un gran consenso a nivel local y mundial, el uso de una herramienta de carácter excepcional como un decreto de necesidad y urgencia se instala en la vereda opuestaˮ, destacó Belski. “Esta polí­tica restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria. El endurecimiento de leyes por la ví­a del decreto no es la ví­a apropiada para un gobierno que pondera y valora el diálogoˮ, marcó la contradicción.

“Llama la atención que estas polí­ticas se desarrollen a la par que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el marco de la Declaración Polí­tica Internacional de la Celac se comparte un compromiso regional diferenteˮ, advirtió Amnistí­a. Uno de los párrafos de ese compromiso suscripto por la canciller Susana Malcorra sostiene la decisión de “eliminar polí­ticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la regiónˮ. Otro destaca la importancia de una “visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así­ como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las contribuciones de los migrantes en los paí­ses de origen y destinoˮ.

Publicada en Página/12.