*Por Mariano Recalde

Todos los dí­as nos demuestran de qué lado se para este gobierno. A quiénes defiende y a quiénes les hace pagar el costo, o hacer el sacrificio como les gusta decir. Este gobierno no encuentra nunca necesidad, mucho menos urgencia, de reconocer derechos a los trabajadores, ni de mejorarlos. Al contrario, el presidente los considera un obstáculo, porque trabajan poco y, encima, tienen muchos feriados. No hay que olvidar el discurso que dio nada menos que en el bicentenario de la independencia cuando dijo que “si un gremio consigue una reducción horaria, eso lo asumimos todos como parte de un costo y no está bien”.

El trabajo es un costo y con esa premisa empresarial gobiernan el paí­s.

Tan empresarial es la visión que leí­mos al ministro de trabajo pedir que se “comprenda al que despideˮ (o descome) http://noticias.perfil.com/2017/01/22/triaca-hay-que-entender-si-las-empresas-tienen-circunstancias-por-las-que-despiden/. Se extrañan los dirigentes que comprendí­an al que trabaja, al que no llega a fin de mes, al que no consigue trabajo.

Este gobierno desprecia las necesidades de los trabajadores y no conoce la urgencia de los que más necesitan.

Las medidas que considera necesarias y urgentes han sido en este último año siempre a favor de las grandes empresas, como las mineras, las agroexportadoras, las petroleras, los bancos y financieras. Ahora la “necesidad y urgenciaˮ obedeció al pedido de las ART, esas primas hermanas de las AFJP, empresas que vienen haciendo negocio con la salud de los trabajadores que se enferman o accidentan en su trabajo y que hoy consiguieron un DNU a su medida.

Esos grupos empresarios, voraces, eficientes en la búsqueda de maximizar sus ganancias, ponen siempre la rentabilidad por delante de la necesidad del trabajador que padece una dolencia. En esa búsqueda del lucro sin fin, donde todo derecho o beneficio es visto como un costo laboral que hay que reducir, los médicos de las ART que atienden a trabajadores los mandan devuelta al trabajo aunque no hayan sanado; rechazan enfermedades que sí­ tienen origen en el trabajo; determinan que no hay nada que indemnizar (como si fueran jueces) o fijan grados de incapacidad menores a los reales y, por lo tanto, achican el resarcimiento que le corresponde al accidentado; rechazan las reagravaciones y buscan no cubrir ni darle asistencia al trabajador. Todo ello después de someterlo a un prolongado, casi interminable y engorroso trámite administrativo que la ley hace obligatorio.

Por eso urge que el sistema de prevención y reparación de los riegos derivados del trabajo esté a cargo de entidades sin fines de lucro, corregir estas injusticias y seguramente así­ disminuirán los reclamos judiciales, la otra excusa puesta por delante de esta nuevo decreto de necesidad y urgencia.

Desde principios de los 90, cuando Jorge Triaca padre era ministro de trabajo de Menem, que vienen insistiendo con la excusa de la mal llamada “industria del juicioˮ, en aquel entonces con Bernardo Neustadt como vocero mediático. Pero lo cierto es que, si hay alguna industria que genera reclamos, es la industria del incumplimiento patronal. Esta “alta litigiosidadˮ no solo no es alta (sólo un porcentaje menor de los accidentados llegan a hacer juicio), sino que tampoco esos pocos juicios se inician por capricho del trabajador. Esos reclamos existen por un lado porque cada vez más trabajadores sufren accidentes o enfermedades que deberí­a el Estado evitar (a través de la promoción decidida de medidas de prevención en los ámbitos de trabajo y sanción a los incumplidores) y por otro lado, porque, ocurrido el accidente, las ART no dan respuesta suficiente al trabajador que queda incapacitado, total o parcialmente, o peor, a la familia del trabajador que perdió la vida.

Otra vez pretenden matar al perro para terminar con la rabia. En lugar de atacar las causas que hacen que el trabajador tenga la necesidad de reclamar judicialmente quieren impedir (o dificultar al extremo) el acceso a la justicia. Pero ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, respecto de esta misma cuestión, que el sistema es inconstitucional. Los juicios van a seguir, tal vez sean más largos, pero mientras haya derechos conculcados seguirá habiendo demandas.

Para tomar conciencia de la gravedad del asunto, en la Argentina, según datos de la SRT, en el año 2014 fallecieron 427 trabajadores por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales y 348 yendo o volviendo de su trabajo.

O sea, sin contar a los trabajadores no registrados, en la Argentina muere una persona cada 12 horas por el hecho o en ocasión del trabajo. Esta cifra deberí­a alarmar, pero lo que le urge al gobierno no es limitar las muertes sino limitar los juicios, que son derechos que se reclaman, pero que para Macri son costos. Se trata de demandas en su mayorí­a justas que los jueces analizan con las pruebas del caso y evalúan si, conforme a nuestras leyes, corresponde o no resarcir al trabajador. No es industria, es búsqueda de justicia y reparación para quien perdió capacidad fí­sica para trabajar, perdió un brazo o perdió la vida.

Los diarios no titulaban hoy que era un DNU contra los trabajadores, tampoco que era para abaratar la mano de obra, ni siquiera que la intención es bajar el costo laboral, con el cinismo habitual Clarí­n titulaba que el gobierno modificó por decreto el régimen de las ART “para corregir situaciones inequitativasˮ. Más allá de la ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad y autoritarismo de este DNU, no hay nada más inequitativo que sus consecuencias antiobreras.