Este tipo de acciones se encuadran en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatizar al pueblo mapuche, donde alrededor de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que permanece establecida la Comunidad Cushamen.
Con el correr del tiempo la práctica de las fuerzas policiales se fue endureciendo, con mayores hechos de arbitrariedad e ilegalidad y ello sin dudas responde a un cambio de paradigma en las relaciones de poder dentro de las fuerzas, entre el pueblo y las fuerzas de seguridad. Un cambio en la política criminal y de seguridad, no de prevención sino de represión, de mano dura injustificada y constante abuso de poder, que vino de la mano con el gobierno nacional y avalado e implementado por el gobierno provincial.
La resolución de los conflictos políticos, sociales y económicos deben darse y enmarcarse en un Estado de Derecho, y de respeto a los Derechos Humanos, generando y garantizando instancias de diálogo; las cuales hasta el momento han sido frenadas por autoridades institucionales estatales y judiciales. Donde el Gobernador de la provincia expresa: “ En esto voy a ser duro hasta las últimas consecuenciasˮ.
Las expresiones que vinculan la protesta social como algo “criminalˮ y “terroristaˮ, buscan quitar Derechos Humanos, profundizando modelos de exclusión social, política y económica. Estableciendo una nueva matriz neoliberal, sometiendo al pueblo al empobrecimiento generalizado y un país para pocos.
Los reiterados hechos de violencia institucional, la violación a los derechos ocurridos en el Pu Lof en resistencia del Departamento de Cuchamen la pantalla y protección mediática, las expresiones que han realizado las máximas autoridades del Gobierno de la provincia del Chubut, nos llevan a reiterar nuestro enérgico repudio.
