Mientras sancionaron a la persona jurí­dica de la organización barrial con la multa máxima de 3780 pesos y con la clausura de la sede de la calle Alvear 1165 por tres meses desde que quede firme la sentencia, a la dirigente social le impusieron la misma pena económica y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurí­dicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia.

Tras escuchar la condena, Milagro Sala expresó: “No estoy de acuerdo con esta pena. Estan criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de lo que hice porque a los negros les devolvi la dignidad y la autoestima”, aseguró.

Tal como lo evidenciaron todos los testigos y en los alegatos presentados por los defensores de la dirigente social, Ariel Ruarte, Luis Paz y Paula Alvarez Carreras, el acampe fue originado por la falta de respuestas por parte del entonces gobernador electo a los pedidos de apertura de una instancia de diálogo que realizaron de manera formal y en tres ocasiones las organizaciones sociales a partir de la preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo de más de 15 mil cooperativistas. El derecho a manifestarse está consagrado en diversos instrumentos internacionales y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la protesta pública parece ser el único medio que permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate publico puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”.

A pesar que en el acampe participaron más de 20 organizaciones sociales y que todas las decisiones se adoptaron en asambleas publicas y multitudinarias, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Tupac Amaru. Segun indicó Rodolfo Rocamoso, también designado por el contador Morales y que integra el departamento contravencional y ofició como parte acusadora, solo se investigó a la citada organización barrial “porque era la mas conocida, y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso”.

En relación a la condena a la Tupac Amaru, Paula Alvarez Carreras señaló que existe profusa jurisprudencia que sostiene que las personas jurí­dicas no puede cometer delitos, ni ilí­citos ni contravenciones y pidio la nulidad parcial del alegato de la acusación que solicitaba que se condene a la organización barrial. En ese marco, también indicó que “los responsables de las acciones son las personas fí­sicas que son las que las llevan adelante. Y aunque quisieran condenar a la Tupac Amaru, tampoco llegaron a demostrar cómo la organización cometió la contravención”, reclamó la letrada. Como sucedió ante cada uno de los planteos de la defensa, fue desoí­do.

Por su parte, Luis Paz señaló que la sentencia “tiene un marcado tinte politico, como no podí­a ser de otra forma, en tanto fue adoptada por un empleado de Gerardo Morales. Es un primer intento de proscripcion social que recuerda a la Revolucion Libertadora. Es otro avance más sobre todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, expresó.

“Morales está tratando de hacerle a la organizacion barrial lo mismo que le hicieron los Españoles a Tupac Amaru. Para eso utiliza no solo al Poder Judicial sino también a órganos cuasi judiciales que ha creado dentro del Poder Ejecutivo. Ninguno de los funcionarios designados por el contador esta dispuesto a respetar la Constitucion y los limites que este sistema de garantí­as le impone no solamente a los gobernados sino también a los gobernantes. Ni Morales ni sus funcionarios están respetando los limites y están avanzando sobre los derechos mas importantes de la sociedad. Pero particularmente a la Tupac Amaru y a Milagro Sala se le aplica el derecho penal del enemigo, no se les respeta ningún derecho constitucional, no han podido demostrar ninguna vinculación entre la persona jurí­dica y el acampe. Sin embargo han podido desplegar toda la sanción violenta en contra de ella. Y no han podido avanzar con la restricción de la libertad de Milagro Sala porque iba a quedar muy notorio el hecho de que por la misma base factica ya estuvo privada de su libertad por 10 dias”, dijo Ariel Ruarte. “Vamos a demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de la decision de este juez administrativo”, concluyó.