Se conoció la sentencia en el juicio iniciado por Gerardo Morales contra Milagro Sala, Graciela López y Ricardo Salvatierra por un escrache que sufrió el actual gobernador en el 2009. Se condenó a los acusados por ser penalmente responsables de los “daños agravadosˮ ocurridos el día que tanto Morales como el ex auditor de la Nación, Leandro Despouy, iban a disertar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Lo insólito es que está demostrado que la líder de la Tupac Amaru no sólo no participó del hecho sino que se encontraba en otra ciudad. El propio Despouy declaró que no la vio ni oyó su nombre ese día. A su vez está comprobado que la Tupac no convocó orgánicamente a participar de esa protesta.
A pesar de esas pruebas irrefutables, el Tribunal le dio entidad al testimonio de René “Cochinilloˮ Arellano quien aseguró que Sala estuvo detrás de la convocatoria. Aunque dijo no trabajar en el Estado, se corroboró que el testigo mintió y hace cinco meses trabaja para el gobierno provincial. En otras palabras, la única declaración contra Sala proviene de una persona afiliada a la UCR y que trabaja para Gerardo Morales quien es querellante en este juicio. Es jurídicamente inaceptable que el tribunal no haya ponderado el conflicto de intereses y la parcialidad que había en esa declaración, y que no se le haya iniciado un proceso por falso testimonio.
La única finalidad de cometer semejante atropello legal es comenzar a acumularle condenas a Milagro Sala para justificar su prisión que a la vista del mundo es completamente ilegal.
Cabría preguntarse qué hubieran dicho quienes mancillan la figura de Milagro Sala si se hubiera condenado a los productores rurales que agredieron a huevazos a Agustín Rossi durante el conflicto por la 125, y si se condenaba por instigación a los titulares de la mesa de enlace (Eduardo Buzzi, Luciano Míguenz, Mario Llambías y Carlos Garetto).
Desde todos los ángulos es jurídicamente incomprensible el fallo de hoy, y sólo se lo puede entender desde lo político. En Jujuy no hay estado de derecho ni independencia de poderes. Gerardo Morales es amo y señor de la provincia norteña, donde sólo él decide quién tiene libertad, quién puede protestar, quién puede asistir a audiencias públicas. í‰l manda a escribir los fallos y las acusaciones que realizan los fiscales. í‰l dispone en qué condiciones viven los distintos detenidos a cargo del sistema penitenciario provincial donde hay numerosas denuncias de tortura y un asesinato reciente sin esclarecer.
Hoy volvió a quedar claro que Milagro Sala es una presa política como lo sostienen la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Huma Rights Watch. Hoy volvió a quedar claro que en Jujuy no hay estado de derecho y que la única quebrada es la democracia.
