Nuevamente la cadena de comercialización y distribución de medicamentos es tema de controversia y conflicto. La industria farmacéutica informó por medio de un comunicado que las farmacias de todo país suspendieron la atención a los afiliados de PAMI en reclamo de un convenio que resulte sanitariamente sustentable, económicamente sostenible para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados.
Por segunda vez en este año, las farmacias de todo el país dejaron de entregar medicamentos a los afiliados del PAMI. Las entidades reclaman que no se prevé ningún cambio en el actual modelo, lo cual implica que las farmacias ya no puedan seguir sosteniendo la dispensa de medicamentos de manera gratuita, a riesgo de su propia subsistencia. Esta situación es sumamente grave si tenemos en cuenta que esto afecta a la totalidad de la población ya que las farmacias no podrán garantizar la reposición no sólo de los medicamentos de los jubilados sino de todos y todas.
El Convenio PAMI-Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos, data de 2002 y es un factor determinante en la definición de políticas de medicamentos a nivel nacional, no sólo en términos de precios sino también de sustentabilidad de la cadena de prescripción-comercialización-provisión-dispensa de los mismos. En este acuerdo es la propia industria la que se relaciona con la red de farmacias a través de las entidades que las agrupan para definir pagos y retenciones. Es decir, PAMI paga a la industria a un valor minorista a pesar de realizar compras para unos 5 millones de afiliados y la industria luego traslada el pago a las farmacias. Hoy los colegios y las federaciones farmacéuticas informan que las farmacias de todo el país no cobran desde septiembre, desconociendo los motivos de esa demora ya que no participan del convenio que es firmado exclusivamente entre PAMI y la industria. Además de este desconocimiento sobre cuál es la situación real, motiva esta medida que son las farmacias las que están sosteniendo la dispensa de los medicamentos, pagando a los 15 días a las droguerías que se los entregan, presentando dificultades para la reposición de medicamentos debido a la deuda de 3 meses de prestaciones ya realizadas. Las farmacias se encuentran en una situación complicada para poder sostener la dispensa sin cobrar lo adeudado.
Luego de un año donde algunos medicamentos aumentaron más de un 200% debido a la inflación y al fin de la política de regulación de precios que llevaba adelante la Secretaría de Comercio, algunos medios informan que PAMI planea reducir la cantidad de medicamentos que se entregan en forma gratuita como medida para lograr que alcance el presupuesto estipulado para 2017, entre ellos se destaca la reducción de la cobertura en la insulina y tiras reactivas que hoy se entrega gratuitamente. Esta estrategia de vulneración de derechos cuenta con el antecedente implementado durante 2016 del recorte del 20% en la cantidad de medicamentos provistos sin costo (PAMI paso de cubrir 5 medicamentos gratuitos a 4) y la reducción en el descuento de unos 300 medicamentos que contaban con un 70% de descuento y pasaron a tener 50% de descuento.
Estas medidas implican en última instancia un aumento en el gasto de bolsillo de los jubilados y jubiladas al momento de comprar los medicamentos que necesitan. El gasto en salud en general y en medicamentos en particular es, en muchos países, la principal causa de movilidad descendente, es decir “produce pobresˮ. En nuestro país, el gasto de bolsillo en medicamentos de los adultos mayores puede llegar a comprometer la totalidad de su jubilación.
Para el actual interventor del gobierno en el PAMI, Carlos Regazzoni, el dinero que tiene presupuestado para el 2017 no será suficiente para cubrir las prestaciones, tal como están acordadas en el convenio vigente. En las tratativas para la prórroga del convenio que rige hoy, si se mantuviera la metodología prestacional actual, el PAMI se ha fijado un tope de gasto que no alcanza para pagar las prestaciones que se dan actualmente. Es decir, las medidas que se tomen para resolver esta situación serán un reflejo de la política de medicamentos y de la concepción de salud de la actual gestión, ya sea porque decida implementar medidas para regular el precio de los medicamentos y mantener su cobertura gratuita, o bien para reducir su cobertura impidiendo el acceso a medicamentos a millones de jubilados.
¿Quiénes serán los afectados por este recorte? ¿Aceptarán las distintas entidades de la industria farmacéutica reducir su rentabilidad, especialmente en los medicamentos de alto costo/precio? ¿Serán las farmacias las que verán reducida sus ganancias como parte de un acuerdo en el que no tienen ni voz ni voto y que están obligadas a sostener con deudas impagas? ¿O tal vez los propios jubilados y jubiladas deberán aceptar una reducción en la cobertura de medicamentos, poniendo en riesgo la continuidad de sus tratamientos para el cuidado de su salud?
Una gestión eficiente del PAMI es posible con una política de medicamentos que parta de la concepción de salud como derecho y no como mercancía, considerando al medicamento como un bien social. Se necesita de decisión política en el marco de un Estado como garante de derechos que regule a la industria farmacéutica, la cual continúa aumentando los precios aún por encima de la inflación. Nuestros jubilados y jubiladas no tienen tiempo para esperar. De esta definición dependen sus vidas.
