Carolina Stanley promocionó el programa “Belleza por futuroˮ de la empresa de shampoos L`Oreal donde capacitan a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que se dediquen a la peluquería y el maquillaje. En primer término se debe señalar que esta iniciativa es una propagación de estereotipos que establecen cánones comerciales de belleza que sólo generan discriminación y presión social a quienes no cumplan con esas pautas irreales. En una etapa del país donde se encuentra muy latente la cuestión de género, y a pocos días del Encuentro Nacional de Mujeres y la masiva marcha del Ni Una Menos, es una irresponsabilidad que desde el Ejecutivo se acompañe este proyecto.
Por otro lado, cabe preguntarse por qué desde la cartera de Desarrollo Social se participa de estas campañas que no están relacionadas al tan mentado empleo de calidad, cuando, por ejemplo, al mes de octubre sólo se había ejecutado un 31,25% del presupuesto para la promoción del empleo social, economía social y desarrollo local.
Asimismo, esta propuesta encierra el prejuicio de que los sectores populares no pueden aspirar a una formación académica superior. El Gobierno debería dejar de subejecutar el presupuesto y comenzar a invertir para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan vivir en condiciones dignas y acceder a la educación que es un derecho universal. Aunque Mauricio Macri y la prensa oficialista las desdeñe, las nuevas universidades construidas en el conurbano bonaerense tuvieron la finalidad de que miles de jóvenes pudieran incorporarse a la formación universitaria, los cuales en su mayoría fueron primera generación de sus familias en tener estudios más allá del secundario.
El gobierno anterior no sólo tenía programas de capacitación vinculados a ramas que dinamizan la economía, sino que también ejecutó políticas para garantizar derechos y la formación de los ciudadanos. En ese sentido, la gestión macrista debería continuar con el plan fines y el ProGreSar que no pararon de sufrir ajustes este año. De hecho, para el presupuesto 2017 se estima un recorte del 38% para el ProGreSar sin calcular la incidencia de la inflación. La asignación universal es otro derecho en este sentido que con la actual administración ha perdido en notables cantidades su poder adquisitivo, y para miembros de Cambiemos o se va en el juego y la droga, o se usa para comprar balas.
Asistimos a un proceso donde las máximas autoridades nacionales están quitando al Estado de lugares sensibles, dejando al desamparo a miles de argentinos que quedan a merced de intereses privados donde impera la precarización y la humillación.
