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El Decreto 4161 del Siglo XXI

El macrismo prepara un anteproyecto de ley que prevé que se prohíba que los lugares públicos lleven nombres de personas y dirigentes antes de haber transcurrido al menos 20 años de su muerte. La iniciativa se da en el marco de la explícita intención del Gobierno nacional de cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, aunque la medida alcanzaría a -por ejemplo- Raúl Alfonsín, el ex presidente fallecido en el año 2009, entre otros.

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Según consigna el diario La Nación, “con este anteproyecto el Gobierno pretende sortear las pujas por el nombre de un centro cultural particular, de un parque o de un aeropuerto, para ganar la batalla final a través de una ley”.

Pero, ¿cuál es la verdadera “batalla”?

El Decreto – Ley 4161 sancionado el 5 de marzo de 1956, mediante el cual se prohibieron todos los “elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”, afirmaba en sus primeras líneas que estos símbolos intentaban “engañar la conciencia ciudadana”, que constituían “una afrenta imprescindible de borrar” y que su utilización era “motivo de perturbación de la paz interna”.

Hoy el titular de Medios y uno de los principales impulsores del proyecto, Hernán Lombardi, asegura que nos encontramos ante una “deformación demagógica y populista” de la cual “estamos tratando de salir todos los argentinos”.

La consonancia discursiva es evidente, pero no se limita a este terreno. El revanchismo político que atravesó el Golpe de Estado que destituyó a Juan Domingo Perón vuelve a hacerse presente en el Gobierno de Cambiemos, con un ensañamiento que preocupa hasta al Papa Francisco.

La Revolución Libertadora, además de prohibir la mención del presidente depuesto, disolvió el Partido Peronista, intervino los sindicatos, persiguió a los opositores y promovió la inhabilitación política de sus dirigentes más destacados, a través de una Comisión General de Investigaciones que se encargó de “sacar a la luz” las presuntas irregularidades producidas durante la presidencia de Perón.

La Revolución de la Alegría, además de prohibir el nombre de Néstor Kirchner en los lugares públicos, extorsiona a los sindicatos, balea unidades básicas, persigue, reprime y apresa a referentes y militantes del campo popular, y hostiga a los ex funcionarios kirchneristas -incluída la ex presidenta- a través de una maquinaria mediática y judicial que se ocupa de mostrar la supuesta “corrupción K”.

Todo lo que en el ’55 representaba una “época de escarnio y de dolor para la población del país”, hoy se denomina “pesada herencia”.

Pero el macrismo está obviando un capítulo fundamental en la historia que busca repetir: los 18 años de proscripción del peronismo forjaron un movimiento opositor, inicialmente clandestino, que demostró que el problema no radicaba en la figura de Perón.

Aún con el líder prohibido y exiliado, se consolidó una resistencia al régimen que interpeló hasta a quienes no habían apoyado al gobierno destituído, porque la base de participación popular y de conquista de derechos había calado hondo en todo un pueblo, sin distinción partidaria.

Con estas medidas, Mauricio Macri también parece creer que su mayor obstáculo está en Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hechos como el amplio rechazo al tarifazo o las masivas movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, son indicios de una incipiente pero pujante formación de una nueva mayoría popular, que no conoce de grietas, de kirchnerismo/anti – kirchnerismo.

Este movimiento está constituido por el empoderamiento popular que permitieron las políticas que nacieron con el kirchnerismo pero que trascienden cualquier estructura partidaria, porque transformaron la vida de toda una sociedad, sentando un precedente que, como la historia nos enseña, no hay golpe o ley que pueda borrar. 

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El bloque de Diputados y Diputadas Nacionales del FPV-PJ solicitó hoy la interpelación a la canciller Susana Malcorra y al ministro de Defensa, Julio César Martínez, para que ratifiquen o rectifiquen el proyecto del gobierno de adquirir armamento de uso militar por más de 2.000 millones de dólares a los Estados Unidos para combatir el terrorismo.

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El gobierno de Mauricio Macri concretó una millonaria adquisición de armamento a Estados Unidos en nombre del “combate al terrorismo”. Se trata de la mayor compra en 40 años solicitado por el embajador argentino en ese país, Martín Lousteau, al Parlamento estadounidense, y que incluye tanques, aviones y helicópteros utilizados en distintas guerras.

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