Por Horacio Pietragalla

Si analizamos en qué se verán traducidas esta reducciones presupuestarias, estos 10 meses de macrismo nos puede ir adelantando el panorama futuro en la cartera de Derechos Humanos.

El primer golpe que recibieron estas polí­ticas fue la persecución del personal idóneo: la sospecha recayó sobre los trabajadores “ideológicamente sustanciados”, algo no muy difí­cil de encontrar en una Secretarí­a donde la mayorí­a de sus empleados son profesionales que ya trabajaban en esta materia desde antes de la creación de dicho organismo, y muchos vení­an luchando incluso desde los tiempos en los que todaví­a reinaba la impunidad de los represores culpables de crí­menes de lesa humanidad.

Además, el personal que dejaron cesante fue reemplazado en muchos de los reemplazados por personas que no tienen ninguna trayectoria ni conocimiento sobre el tema, como por ejemplo el nuevo presidente del Archivo de la Memoria, Gustavo Peters Castro, que de administrar consorcios de edificios y estando denunciado por hacerlo de manera no muy transparente, paso a dirigir el lugar en el que se custodia el mayor patrimonio documental sobre el accionar del terrorismo de Estado de la Argentina y la región.

También el desmantelamiento de áreas especí­ficas que aportaban herramientas en el avance de los juicios por delitos de Lesa Humanidad, en la dirección que marcó el secretario Claudio Avruj cuando advirtió: “No vamos a intervenir en los procesos judiciales”, desconociendo si el Poder Ejecutivo no interviene en aportar un abordaje integral a testigos con abogados, seguridad, psicólogos, y hasta pasajes para traslado, es evidente que deja a la deriva a un actor esencial en este proceso de verdad y justicia que se lleva a lo largo y a lo ancho del paí­s.

Asimismo, el gobierno también se retiró de las querellas para el avance de las causas de responsabilidad civil y económica con la Dictadura, como si todos los jueces, varios de ellos nombrados por esos tiempos, tuviesen la voluntad y el empuje de avanzar sobre grandes grupos económicos y mediáticos que claramente se fortalecieron siendo socios de ese los militares golpistas, incluso con algunos de sus gerentes o ejecutivos hoy funcionarios del gobierno nacional.

Por otra parte, uno de los espacios que va a sufrir el achicamiento de su presupuesto es el Centro Cultural Haroldo Conti, que en estos últimos años produjo muchas innovaciones entre las distintas expresiones culturales y la Memoria.

También los ex centros clandestinos de detención que se fueron recuperando en todo el paí­s como espacios de reflexión y memoria corren riesgos, ya que su manutención requiere un cuidado costoso para que no se vulnere su estado y respetar la condiciones que tení­an en el momento de secuestro de tantos compañeros. Ya sabemos cuanto le importan estos espacios a la gestión de Macri, sabiendo que años atrás el gobierno de Cristina se tuvo que hacer cargo de los ex centros clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires porque corrí­an riesgos edilicios por el abandono que sufrí­an.

Por otra parte, la Escuela de Derechos Humanos, que supo formar por ejemplo a los efectivos del Servicio Penitenciario de San Luis, al dí­a de la fecha todaví­a no llevó adelante ningún curso de formación serio, ni a distancia ni presencial.

Tampoco queda claro en el proyecto de presupuesto 2017 cuánto va aportar el Estado al Equipo de Argentino de Antropologí­a Forense para que se siga buscando e identificando los restos de nuestros desaparecidos, ni que importe destinará el año que viene a la búsqueda de los nietos apropiados, hoy hombres y mujeres que siguen secuestrados y no conocen su verdadera y identidad.

El presupuesto de una Secretarí­a tan importante para la reparación, prevención y promoción de los Derechos Humanos tiene que en lo posible cada vez mayor. Los miembros de Cambiemos deberí­an entender que fue y es el Estado el que causó daños irreparables, por lo que es el mismo Estado el que tiene que disponer de recursos para intentar subsanar esos delitos del pasado y del presente, como en los casos de violencia institucional que cada vez son más frecuentes y no hay ni siquiera un repudio por parte de esta Secretarí­a.

Todo esto no serí­a posible si no contara con el aval del propio Avruj, quién hace algunos años dijo que los organismos de Derechos Humanos “son como cualquier ONG de la sociedad civil”, mientras recomendaba a su jefe polí­tico nada menos que a Jorge ‘El Fino’ Palacios para jefe de la Policí­a Metropolitana, cuando esta recién se creaba.