Por Secretaría de Políticas Internacionales
Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para inmigrantes del país y, aunque el acuerdo entró en vigencia el pasado 1 de septiembre, aun no se conocen las características del mismo, ni los alcances que tendrá.
El anuncio se realizó a través de un comunicado en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones que fue modificado en tres ocasiones luego de las manifestaciones de preocupación de Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, colectividades y representaciones extranjeras en nuestro país.
Ante la poca claridad sobre los objetivos de la instalación de éste centro de retención, los diputados del Frente para la Victoria, entre los que se encuentra el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, presentaron un pedido de informes a fin de que el Gobierno aclare los objetivos y procedimientos que se están aplicando en cuanto a política migratoria, y los objetivos y procedimientos que se aplicaran en este centro de retención.
En los últimos meses, se han detectado algunos indicios de un cambio radical en cuanto a política migratoria, en lo que ya es un gran retroceso de la política migratoria de vanguardia que venía desarrollando nuestro país desde la sanción de la nueva ley migratoria en 2003, entre ellos se han cerrado delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, se aumentaron las tasas, se incrementaron los requisitos para la radicación y se cerraron programas de abordaje territorial de la Dirección Nacional de Migraciones.
Recordemos, que hasta el año 2003 regía en nuestro país la “Ley Videlaˮ, en la que los inmigrantes eran presentados como sospechosos, y el estar en condición de irregular era un delito. Luego del retorno de la democracia y pasadas casi más de dos décadas se promulga la Ley Nacional de Migraciones (Ley 25871) que sin lugar a dudas modifica sustancialmente la concepción de las migraciones incluyendo el concepto del Derecho a Migrar como derecho humano: “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidadˮ (Artículo 4, Capítulo I).
Esta nueva Ley Nacional de Migraciones, sancionada el 17 de diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero de 2004, rige para todos los migrantes que ingresan a la República Argentina y fue reglamentada a partir de un novedoso mecanismo de participación de organizaciones de derechos humanos y de organismos de Naciones Unidas. Asimismo, esta es la primera legislación general en materia migratoria elaborada y sancionada por un gobierno democrático ya que desde 1876 la política migratoria había estado regulada por normativa parcial, aprobada por decretos del Poder Ejecutivo o por disposiciones de facto de gobiernos militares.
A más de nueve meses de Gobierno de Macri, podemos decir que pasamos rápidamente de un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes (con independencia de su estatus jurídico migratorio), a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problemaˮ de seguridad nacional y de orden público.
Una vez más, como lo venimos viendo en los últimos meses, el gobierno de Macri persigue a los que el Estado tiene la obligación de proteger.
