Luis Bastidas, un trabajador estatal afiliado a UPCN fue herido de bala en la mañana del 21 de Septiembre mientras protestaba por un reclamo gremial frente a la sede del Ministerio de Seguridad provincial, ubicado en pleno centro de la capital neuquina.
Este triste episodio, junto a la represión sufrida por los vecinos y las organizaciones que el viernes 16 quisieron participar de la audiencia pública que discutía el tarifazo al gas en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante local, se suman a un clima de violencia institucional que se ha profundizado en los meses, merced al alineamiento del gobernador Omar Gutiérrez con el presidente Mauricio Macri.
Cabe recordar que en los últimos años, la policía provincial fue la responsable de los casos que más movilizaron a la sociedad neuquina, empezando por el de Carlos Fuentealba,ˮ‹ docente y militante sindical que en abril de 2007 fue a reclamar por sus derechos en el marco de una convocatoria realizada por el gremio ATEN (perteneciente a CTERA) y terminó asesinado durante como consecuencia de la represión ordenada por el entonces gobernador Jorge Omar Sobisch y ejecutada a sangre fría por el policía José Darío Pobleteˮ‹, con el objetivo de impedir la manifestación en la ruta.
En el año 2012 aparecieron los casos de Brian Hernándezˮ‹, un adolescente de 15 años que recibió un disparo en la nuca por parte del ex policía Claudio Salas, y tambiénˮ‹ el de Matías Casas,ˮ‹ joven de 19 años que fue acribillado frente a su novia por Héctor Méndezˮ‹, otro efectivo de la policía provincial.
Poblete, Salas y Méndez fueron sentenciados a la pena de prisión perpetua, aunque en los tres casos luego se modificó la calificación de las causas y se les redujo la pena. En el caso de Méndez, había sido un jurado popular el que declaró culpable por unanimidad al policía.
A pesar de contar con este historial en los años recientes, al gobernador Omar Gutiérrez no le ha temblado el pulso para ordenar que la policía provincial vuelva a enfrentar la protesta social portando armas de fuego, procedimiento que contradice todas las recomendaciones de organismos internacionales y especialistas en cuestiones de seguridad ciudadana.
Hoy Neuquén se vuelve a encontrar con una política de represión hacia los trabajadores que salen a defender sus derechos, en lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales y deficitarios de una provincia que está gobernada hace 55 años por los mismos.
En este marco, los otros poderes del Estado provincial, el legislativo y el judicial, se muestran displicentes y alejados de los problemas y las realidades de la gente.
Sobre la base de una continuidad política de varias décadas sin interrupciones, han construido un aparato burocrático que actúa como caja de resonancia pero ejecuta leyes a espaldas de los ciudadanos, y en donde los acuerdos políticos parecen irse a los caños, ya que manejan a gusto y placer los tiempos legislativos.
Así podemos hacer un repaso de todos los temas en los que la legislatura “habla” pero no resuelve, por eso no es ilógico pensar para qué necesitaban votar tan rápido la reforma del artículo 114 del Código Procesal Penal provincial respecto a la prisión preventiva.
Como cierre, podemos decir que toda firmeza, que es necesario avanzar fuertemente para que los policías condenados por cada uno de los crímenes estén detrás de las rejas, pero también en políticas concretas y en leyes que erradiquen la violencia institucional.
Informe: La Cámpora Neuquén