Por Cristina Fernández de Kirchner
En el mismo se omite mencionar la controversia de soberanía y se acuerda “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”. Esto significa literalmente el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos.
El Gobierno debería saber que los recursos renovables y no renovables de los que pretende disponer para ceder a manos británicas, pertenecen a los 40 millones de argentinos. No nos queda claro si el presidente Mauricio Macri se apresta a derogar o a violar la Ley de Hidrocarburos y su modificatoria, que prohiben la explotación ilegal de petróleo en plataforma continental argentina y establecen las sanciones pertinentes.
La defensa de nuestra soberanía en Malvinas no es una causa argentina, es una causa regional, una causa global, de todos quienes rechazamos la existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente. Poner fin al colonialismo es un imperativo ético, destinado a construir un mundo más justo, un orden mundial equilibrado, donde no impere la ley del más fuerte. El reclamo argentino ha recogido firmes adhesiones en todo el mundo; últimamente hemos logrado que hasta dentro del Reino Unido, en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, una parte significativa de la opinión pública, académicos, parlamentarios -incluido el líder del partido laborista británico- se hayan expresado públicamente a favor del diálogo con Argentina sobre soberanía.
Argentina ha transitado aspectos concretos en materia de agenda positiva, identificación de los NN sepultados en las islas a través de la Cruz Roja Internacional, en lo que hace al irrestricto respeto a los DDHH, como así también oferta de vuelos regulares y directos hacia las islas desde Argentina continental.
La defensa de la soberanía argentina en Malvinas no incumbe a un partido político, es una cuestión de Estado.
El Reino Unido usurpó en 1833 las Islas Malvinas instalando allí una base militar en la confluencia de los dos Océanos. Convalidar dicha posición significa lisa y llanamente tributar a la militarización del Atlántico Sur.
El Gobierno argentino debería recordar el mandato constitucional que establece que la recuperación de las Islas Malvinas y “el ejercicio pleno de la soberanía son objetivos irrenunciables del pueblo argentino”.
El pueblo argentino abrazará el imperativo constitucional y ético de defender nuestra soberanía.
Y lo hará cumplir.
