Derechos Humanos

Un nuevo retroceso lamentable

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata resolvió, por mayoría, otorgarle la prisión domiciliaria al condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, en dos de las tres causas que tenía para resolver, por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.

etchecolaz

La decisión fue firmada por los jueces subrogantes Germán Castelli y Alejandro Esmoris, con la disidencia de Roberto Lemos Arias, también subrogante, quien votó que continúe detenido a disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y que esta institución sea obligada a informar periódicamente sobre la salud.

La medida no se podrá efectivizar en lo inmediato porque el genocida permanece con prisión rigurosa en otras tres causas de lesa humanidad que tramitan ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, que rechazó el otorgamiento de ese beneficio. Por eso Etchecolatz continuará detenido en el Hospital Penitenciario de la cárcel de Ezeiza.

Etchecolatz fue el número dos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que comandaba Ramón Camps durante la última dictadura. Ya fue condenado por Genocidio en numerosas causas por su responsabilidad en cientos de casos de desapariciones, torturas, homicidios de militantes, políticos, sociales y sindicales en el llamado ‘Circuito Camps’.

Asimismo, fue contra quien declaró Jorge Julio López en 2006, días antes de desaparecer por segunda vez en su vida, por lo que la liberación de este genocida significa también una afrenta para las víctimas, familiares, sobrevivientes y la sociedad en su conjunto, y un peligro contra los testigos que aún tienen que declarar en los juicios que afronta el represor.

El Estado argentino, que los últimos 12 años fue un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad, tiene la obligación de investigar y castigar los delitos de lesa humanidad. Este tipo de medidas significan un claro retroceso en la materia y pueden generar que nuestro país sea condenado a nivel internacional, por no cumplir con los tratados de Derechos Humanos firmados oportunamente.

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