El joven desde 2009 pelea en la justicia santafesina por recuperar su verdadero nombre. Es hijo de dos sobrevivientes de la desaparición forzada en el marco del terrorismo de Estado: Luisa Pratto y Rubén Maulín.
El caso de José fue un baño de alegría en medio de tantas penas; paradójicamente, ni este caso, ni ninguno de los hijos de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívicos militar a los cuales les expropiaron la identidad, ni las historias de los 400 nietos que aún falta encontrar, son iguales entre sí. Es una historia nueva, diferente a todas cada vez, con una matriz común: el plan sistemático de apropiación de niños. José Luis, a diferencia del resto de hombres y mujeres que desde hace 40 años desconocen su verdadera identidad, la recuperó en 2009 gracias a la búsqueda de sus padres y hermana.
“En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada írea de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven parejaˮ, consigna el comunicado publicado en el sitio web de Abuelas. En ese episodio secuestran a Maulín, militante del PRT y otros integrantes de la familia. Pero el calvario de Luisa, no culminaría allí. Pratto, embarazada de cuatro meses es torturada por los represores en su domicilio, siendo víctima de vejaciones y violaciones, incluso delante de sus dos pequeños hijos.
Luisa fue llevada a dar a luz en el Sanatorio Reconquista donde nació el 26 de marzo de 1977 José, quien fue inscripto como hijo de una pareja vinculada a la Base Aérea: Luis Segretín y Cecilia Góngora, con un certificado falso firmado por la médica Elsa Nasatsky de Martino y una anotación en el Registro Civil local once días después.
En 1982, Rubén recupera la libertad y comienza la búsqueda de José. A finales de la década de los 80, una vecina les brinda información para dar con su hijo, pero por las constantes obstaculizaciones judiciales y amenazas de los apropiadores, la espera se extendió casi por casi dos décadas. Fue así como en una nueva declaración de Luisa y su hermana (Griselda, también desaparecida cuando tenía 16 años) consiguió que esta vez la institución judicial se haga eco de la denuncia y comenzara con el proceso de investigación de la “Causa Base Aéreaˮ.
El caso de José Luis fue incorporado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad porque se trata de “otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiadosˮ, cosignó el comunicado oficial de Abuelas.
Mientras tanto, el gobierno nacional eliminó del organigrama del Ministerio de Seguridad al GEAJ, el grupo encargado de la obtención de muestras de ADN en casos judiciales, mientras contemporáneamente desmembraba el equipo del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, entre otros.
En este marco de incertidumbre que caracteriza a todas las políticas de Estado vinculadas a los derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una campaña de recolección de fondos para seguir sosteniendo su tarea. Abuelas nos pide ayuda, ya que como ha sucedido en la historia de nuestra patria, cada vez que el Estado se retira de sus obligaciones, es el pueblo organizado quién debe reclamar y velar por el cumplimiento de cada derecho y garantías, empezando por el derecho a la identidad.
