La macrista Laura Alonso se dedicó las últimas semanas a dar charlas por el exterior y a convertir la OA en un bufete de abogados del Presidente en vez de investigar al Ejecutivo con imparcialidad e idoneidad. Y sobre las manifiestas incompatibilidades en torno al Ministro de Energía optó por un exagerado silencio. Hasta hoy.
La ex diputada sostuvo que el caso de Juan José Aranguren es “complicadoˮ y que “no es tan blanco ni tan negroˮ. Sin embargo, la ley de ética pública es clara aunque quizá la funcionaria no la entienda porque no es abogada, requisito que se le exigía al titular de la OA antes que Macri lo modificara por decreto. La norma obliga a un funcionario a no intervenir en decisiones de un área que tenga competencia funcional directa con la empresa de la cual formó parte, salvo que hayan pasado tres años de su desvinculación. Aranguren fue CEO de Shell hasta mediados de 2015, y además tiene acciones de la compañía valuadas en más de $13 millones.
Varias de las medidas tomadas por el Ministerio de Energía han beneficiado directamente a Shell. Le adjudicó a la empresa siete de las ocho licitaciones para importar gasoil por barcos.
Por otro lado, se decidió la compra de gas a Chile por un costo que es un 128% más caro que el que se compraba a Bolivia. Según el Ministro fue porque Bolivia no tenía suficiente cantidad para abastecer a Brasil y Argentina, y adeudaba a nuestro país 150 millones de m3. La compra a Chile fue por 362 millones de m3. Si era por necesidad, hay 212 millones de m3 que se compraron de más. Cabe mencionar que Bolivia desmintió tajantemente esa situación y afirmó que estaban en condiciones de cumplir lo acordado. Mayor es el perjuicio para Argentina si se observa que a Bolivia se le pagaba a mes vencido mientras que al país trasandino se le debe abonar por adelantado. La operación sumamente desfavorable adquiere sentido cuando se conoce que Chile, que no es productor de gas, lo importa de Qatar y Trinidad y Tobago, y Shell es una de las principales proveedoras que lleva el gas licuado desde el país centroamericano hacia el país andino.
Por último, la suba de tarifas del gas implica aumentar el valor pagado a los productores, siendo Shell una de las beneficiarias de esa decisión.
Es evidente que Aranguren ha tomado medidas de las cuales Shell, empresa a la que está vinculada, ha resultado altamente favorecida, y en ocasiones a costa de un perjuicio a los argentinos. No sólo existe una incompatibilidad manifiesta, sino que la justicia deberá investigar si no hubo un delito contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No es tan complicado, Laura.
