Desde que tomó posesión del cargo, Mauricio Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano buscan apartar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación.

Han ejercido una presión inédita y declaraciones agresivas para quebrantarla, en actitudes que la prensa hegemónica hubiera tildado de “avasallamiento a la justiciaˮ si los ejecutores hubiesen sido de otro color polí­tico. La acusan de tener simpatí­as polí­ticas, pero en el fondo lo que les molesta es el compromiso para investigar todas las actividades ilí­citas, entre ellas las vinculadas al sector financiero y el empresariado.

Gils Carbó jamás ha exteriorizado sus inclinaciones polí­ticas y no se encuentra afiliada a ningún partido. Igualmente, no se entiende el disgusto del Presidente con una hipotética afinidad polí­tica de la Procuradora si en la Ciudad nombró de Fiscal General del distrito a Martí­n Ocampo, un militante del PRO que fue legislador y actualmente es Ministro de Justicia y Seguridad de Rodrí­guez Larreta.

Como la presión llevada adelante hacia la titular del MPF no funcionó, intentan lograr su cometido a través de instrumentos legislativos. Por un lado han frenado la reforma del Código Procesal Penal que modernizaba al paí­s pasando a un sistema acusatorio donde los jueces dejaban de cumplir el doble rol de investigadores y árbitros. También agilizaba los procesos, hací­a partí­cipe a las ví­ctimas y se establecí­an pautas claras para la prisión preventiva.

Por otro lado, pretenden reformar la carta orgánica del MPF. Entre otros cambios, incorporan la figura de cuatro Subprocuradores (en derecho penal, delito organizado, en derecho público y en derecho privado) cuya designación exige menos condiciones que la del Procurador. Esto implica recortar las competencias del Procurador General que tendrá un mero rol administrativo, y le otorga el diseño de la polí­tica general de su área a los distintos subprocuradores. Se aborta así­ la posibilidad de una unidad de acción y de criterio de todo el MPF como también la elaboración de una estrategia general.

A su vez, se quiere acortar el mandato del Procurador General a cuatro años. Se puede debatir si deben ser vitalicios en el cargo mientras dure su buena conducta o hay que poner un plazo. Pero esa discusión debe extenderse a todo el Poder Judicial incluyendo Corte Suprema, Cámaras Federales y juzgados de primera instancia porque hace a toda una concepción de la forma de administrar justicia. Y lo que es seguro es que cuatro años es un plazo muy corto para ejecutar un plan de acción. Y más preocupante aún serí­a que los mandatos del Procurador coincidieran con los del Presidente de la Nación.

Por último, cabe mencionar que la iniciativa oficial elimina unidades especializadas y direcciones de suma importancia a las problemáticas de estos tiempos. De aprobarse este proyecto, se eliminarí­a la Procuradurí­a de Defensa de la Constitución, la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres, y direcciones como las de polí­ticas de género, recuperación de activos y decomiso de bienes, y análisis criminal y planificación estratégica de la persecución penal.

Argentina merece un análisis muy profundo sobre su sistema judicial. Pero este proyecto no tiene tan noble objetivo. Esta propuesta es un retroceso institucional y un atropello a la independencia del Poder Judicial. Y responde al interés polí­tico del oficialismo de que no se investiguen ciertas cosas, que se suma al desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera y la eliminación de ciertas áreas del Banco Central. Mintió el Jefe de Estado cuando dijo que no querí­a una “justicia macristaˮ. Tan grosera es su intención que el proyecto recibió crí­ticas de sus socios polí­ticos y sus simpatizantes de la Asociación de Magistrados.